Hechas las leyes, hechas las trampas: carpetazo ¿y retorno?

Medios diferentes apuntaban ayer que, ¡sorpresa!, la Fiscalía se apresta a archivar la triple investigación sobre Juan Carlos de Borbón. La inviolabilidad decretada en la Constitución española será el motivo principal; la regularización fiscal con «chivatazo», el último escollo salvado. Se especula incluso con un posible retorno a territorio español desde su retiro dorado en Emiratos Árabes Unidos.

El rey español que tomó el relevo de Franco será exonerado por la Fiscalía de todas sus corruptelas conocidas hasta la fecha, en un auto que llevará la firma de la fiscal general del Estado. Un Estado que retratará con ello el modo en que se ha puesto a los pies de la monarquía borbónica, puesto que el archivo será un crisol de excepcionalidades y trampas.

Según se avanza, el carpetazo se hará efectivo en un solo acto para los tres delitos que se «investigaban»: la millonada recibida de la monarquía amiga saudí (presentada como supuesta comisión por la adjudicación del AVE a La Meca, aunque esto no está tan claro); el uso de tarjetas opacas; y la defraudación cometida al desviar estos ingresos al paraíso fiscal de Jersey.

La Fiscalía empleará una doble vía para ello, tramposa en los dos casos. La primera es el artículo 56.3 de la Constitución, que establece inviolabilidad total para los delitos cometidos por el rey español mientras esté en ejercicio del cargo, en este caso hasta la abdicación de 2014.

La segunda, una pretendida regularización fiscal también fraudulenta, puesto que ha trascendido recientemente que se le advirtió previamente de la ilegalidad, sin olvidar que la hizo en dos botes, ya que la primera no fue considerada suficiente. Con ello se tapona la vía de agua que suponían delitos fiscales cometidos después de la abdicación y que por tanto no quedaban cubiertos con la impunidad constitucional.

En este cierre en falso, para rizar el rizo del ridículo, “El País” avanza que la Fiscalía incluirá una reprimenda al padre del actual rey. En el escrito certificará que la investigación ha dejado patentes los delitos pero argumentará que estos no pueden ser convertidos en una denuncia judicial porque no llevaría a condena. Con ello, la investigación decaerá definitivamente en el Estado español, el auto no es recurrible.

Es conocido que también en la escala política se ha eludido totalmente abordar el asunto, porque las sucesivas interpelaciones a crear una comisión de investigación en el Congreso han topado con PSOE, PP y Vox.

Queda abierta, aunque inactiva, la investigación judicial en Suiza por los 65 millones de euros que el monarca saudí «regaló» al español. Fue el detonante de que la Fiscalía española se viera abocada a aparentar algún movimiento, que ahora se demuestra como puro humo. En esta causa suiza ni siquiera ha sido llamado a declarar, y tampoco está claro que fuera a lograrse tal cosa dado que el emérito sigue fugado o refugiado –según se prefiera– en Emiratos Árabes Unidos, adonde se marchó en plena irrupción de la pandemia y con una implicación gubernamental que no se ha terminado de determinar.

Llegados a este punto, toda la jugada toma el aspecto previsible desde el inicio: una maniobra pactada en la que Juan Carlos de Borbón primero abdica y luego se retira de la escena a cambio de que los poderes del Estado garanticen su inmunidad. El archivo cierra el círculo.

Con todo, no está claro que el «rey de la Transición» no vaya a volver a pisar territorio estatal. El Gobierno no habría obtenido garantías de ello y queda a expensas de sufrir un último escarnio.