En este momento en que oímos cada vez más a menudo la proximidad de un posible acuerdo educativo, en diversas plataformas a favor de la escuela pública vasca, hemos leído con asombro y preocupación las declaraciones del consejero de Educación Jokin Bildarratz en la apertura oficial de este curso escolar. En ellas mencionó uno de los objetivos que se plantea su departamento: trabajar por un pacto educativo como paso previo a la aprobación de la Ley Vasca de Educación. Nos preocupa porque, según Bildarratz, la base para ese futuro pacto sería el «acuerdo» que suscribió la anterior consejera Cristina Uriarte en 2018. Esta vez el proceso lo llevará a cabo Eusko Ikaskuntza y su objetivo es llegar a un acuerdo amplio sobre la definición de lo que tiene que ser la escuela vasca los próximos treinta años.

Más de una vez hemos expresado nuestro desacuerdo con este documento que parece va a ser la base del nuevo proceso que se pretende poner en marcha, por los contenidos que se trataron y el procedimiento que se utilizó (los temas y los participantes fueron decididos por el propio Gobierno, y el debate fue dirigido y limitado). Documento que todos los agentes de la red pública rechazaron en su momento.

Además, quisiéramos plantear nuestras preocupaciones y dudas sobre el posible y, al parecer, inminente acuerdo educativo:

En primer lugar, el consejero debe clarificar el proceso (tiempos, participantes, contenidos...). Lo que se plantea es demasiado rápido. Es imposible pactar en un año un acuerdo que dure treinta.

Puede haber acuerdo político pero lo que se necesita es un pacto educativo social y amplio logrado a través de un verdadero proceso participativo democrático, y eso requiere tiempo. El «desacuerdo» de 2018 no sirve.

Nos sorprende que el Gobierno Vasco no haya realizado aún un diagnóstico previo del sistema para determinar sus fortalezas y debilidades, como exige cualquier plan de mejora.

El consejero Bildarratz sigue sin mencionar la existencia de la segregación escolar, el problema más grave del sistema educativo vasco. Tampoco se plantea la necesidad de revisar el modelo de financiación que a lo largo de las últimas décadas está consolidando el crecimiento de la educación concertada en detrimento de la escuela pública.

Un proceso así, con prisas, sin diagnóstico, sin objetivos concretos y sin contenidos fundamentales, no va a cambiar nada, solo va a reforzar lo que tenemos ahora. La hipotética Ley de Educación que pueda surgir de ahí solo puede jugar en perjuicio de la escuela pública y en beneficio de la enseñanza concertada. No queremos un acuerdo/ley que legitime el sistema dual actual, sino uno que convierta la escuela pública en el centro del sistema, imprescindible para avanzar hacia un sistema inclusivo, equitativo y no segregador.

Queremos pedirle al consejero de Educación Jokin Bildarratz una apuesta decidida por la escuela pública, la de todos y todas, y un compromiso claro contra la segregación escolar.