En respuesta a la convocatoria de las fuerzas de la Llotja de Mar, que representan a ciudadanos de Hego Euskal Herria, Catalunya y Galiza, a los que en el caso vasco se sumaron entre otras organizaciones la mayoría sindical –ELA, LAB y Steilas–, decenas de miles de personas protestaron ayer por la noche, entre las 22:00 y las 22:30 horas, apagando las luces de sus casas y metiendo ruido en los balcones y las plazas de un sinfín de localidades.

Miles de viviendas apagaron sus luces siguiendo el lema consensuado de “Desconecta de las eléctricas”, pero también se celebraron numerosas concentraciones ruidosas, que además de a las cuatro capitales y sus barrios, se extendieron a más de medio centenar de localidades de Hego Euskal Herria.

Por citar algunos lugares, en Gares apagaron el puente principal; en localidades como Leioa, Zamudio, Bakio, Algorta y Elgoibar, por ejemplo, recorrieron las calles con las cacerolas; y en Mañaria, Zumaia y otros municipios los Ayuntamientos se sumaron a la denuncia y, además de en sus edificios, apagaron buena parte del alumbrado público. Desde las Islas Canarias también se apuntaron algunos ciudadanos, una hora antes.

Fue esta la primera gran expresión de protesta por el disparatado incremento de la factura de la electricidad, que se ha producido en los últimos meses, y del que se culpan uno a otro entre el Gobierno español y las grandes empresas eléctrica, pero en el que la gran damnificada es la ciudadanía.

Previo al apagón y a la cacerolada, en Bilbo se celebró a mediodía una concentración frente a la Torre Iberdrola, sede central y símbolo icónico de la multinacional eléctrica, en la que participaron representantes de asociaciones y agentes sociales.

Durante la movilización, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero recordó que el precio de la luz ha crecido un 630% en el último año y que detrás «está el sistema de precios». En este sentido, dijo que «eso es lo que hay que cambiar pero en Euskal Herria no tenemos instrumentos para hacerlo». Añadió que «se ha intentado reducir las ganancias ilegitimas que obtienen las grandes eléctricas, pero estas han respondido con amenazas, chantaje y sucio juego. Primero anunciaron el cierre desordenado de las nucleares; luego que pararían las inversiones en renovables; posteriormente, siguieron con la compra de políticos y están siendo investigados por si están jugando con centrales productoras para aumentar aún más el precio».

Entretanto, en Iruñea, cientos de personas se manifestaron convocados por la Carta de Derechos Sociales y el Parlamento Social bajo el lema ‘‘Argi dugu: vuestros beneficios, nuestra oscuridad’’. Exigieron dar prioridad a las necesidades sociales en el gasto de las instituciones, lo que también guarda relación con el castigo que la subida eléctrica está teniendo en las economías más humildes.

«Falta de soberanía»

La iniciativa de la protesta nocturna partió de las fuerzas firmantes de la declaración de Llotja de Mar al objeto de hacer frente a la desmesurada subida del precio de la electricidad, que califican de «gran estafa que se está perpetrando contra la ciudadanía, generada por gobiernos, eléctricas y los intereses económicos compartidos por todos ellos». De la declaración de Llotja de Mar forman parte fuerzas independentistas de Euskal Herria, Catalunya y Galiza como EH Bildu, ERC, PDCat-JxCat, CUP y BNG, a la que se incorporaron Més por Mallorca y Més por Menorca. En su propuesta invitaron a sindicatos, municipios, agentes sociales y todo tipo de asociaciones para hacer frente a una situación en la que «las eléctricas están enriqueciéndose, la ciudadanía empobreciéndose y el Gobierno español dejando a miles de hogares vulnerables a oscuras».

Así, en Catalunya se sumaron los sindicatos Intersindical-CSC, Unió de Pagesos, el SEPC o la FNEC y organizaciones como la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, Élite taxi, Escoltes Catalans, o l’Associació de Municipis per la Independència. Para estas formaciones, «fueron los partidos que han gobernado el Estado español, el PSOE y el PP, quienes privatizaron, vendieron y desmantelaron las empresas públicas, desregulando el sistema y dejándolo en manos del mercado. Mercado que ellos mismos controlan y manipulan desde los consejos de administración que ocupan expresidentes y exministros de ambos partidos».

Ante esto, denuncian que desde Euskal Herria, Galiza y Catalunya es necesario «un frente común contra el oligopolio de las eléctricas y sus amenazas, así como para denunciar la inacción del Gobierno español». Destacan que las tres naciones «no tienen la soberanía que necesitan, también para afrontar la estafa eléctrica y sus responsables. Nuestros parlamentos y gobiernos están atados a un Estado, el español, que permitió y permite que todo esto ocurra».