En respuesta a una moción presentada por PP+Cs con una poco camuflada defensa del modelo A y para que «se refuerce la red concertada en la CAV», PNV, EH Bildu y PSE se pusieron de acuerdo para pactar una enmienda conjunta por la que se acuerda «la constitución de una ponencia en el marco de la Comisión de Educación que permita definir las bases para alcanzar un amplio acuerdo sobre el futuro Sistema Educativo Vasco».

La enmienda común –que fue finalmente aprobada con los votos a favor de toda la Cámara salvo el grupo de PP+Cs, que se abstuvo– recoge que en la ponencia podrán participar «mediante comparecencias públicas, entre otros, expertos, agentes sociales y responsables de las administraciones».

En el acuerdo se añade, además, que las conclusiones que se obtengan en el trabajo de la ponencia «se remitirán al Departamento de Educación del Gobierno Vasco para que constituyan la base de la futura Ley de Educación de Euskadi».

Los proponentes

Durante el debate, el representante del PSE, José Antonio Pastor, apuntó que su grupo –y, en general, todos los firmantes de la enmienda– no querían caer en el debate propuesto por PP+Cs sino mirar al futuro. Defendió Pastor el «compromiso del consejero de que la ley sea con el mayor consenso posible, precisamente por su importancia, cuando podría hacerse desde la mayoría del Gobierno». Señaló la ponencia como «lugar de encuentro en el que cada uno pueda volcar lo mejor de sí mismo».

Ikoitz Arrese, en nombre de EH Bildu, subrayó que el actual sistema educativo de la CAV «está agotado», porque «no responde a las necesidades del alumnado ni a nuestros retos como pueblo». Aunque, en contraste, también llamó la atención sobre los esfuerzos realizados desde el conjunto de la comunidad educativa con iniciativas que calificó de «modélicas».

En opinión de la izquierda independentista, se observan «tres problemas estructurales» en el sistema educativo de la CAV. Uno, la marcha atrás que se está dando en la euskaldunización con la evidencia de que no todo el alumnado acaba el ciclo obligatorio dominando los dos idiomas oficiales. El segundo problema es la segregación que se da en función del sexo, el idioma y, sobre todo, el lugar de nacimiento y la situación económica. El tercer y último problema estructural es que la CAV carece de un marco propio y que todo se decide y regula desde Madrid.

Arrese expuso la necesidad de un «debate en profundidad por encima del ruido mediático», reclamando que «seamos rigurosos para transformar la educación». Por otra parte, en relación al propio funcionamiento de la ponencia, aseguró que EH Bildu pretende ser la garantía de que se escuchen todas las voces de la comunidad educativa implicada y expertos.

La parlamentaria del PNV Lexuri Arrizabalaga criticó desde la tribuna algunas de las posiciones de PP+Cs e incidió en la voluntad de llegar a acuerdos amplios, a los que invitó también a Elkarrekin Podemos-IU y al propio José Manuel Gil, firmante de la moción. Según la representante jeltzale, será en la ponencia donde «limaremos aristas con EH Bildu, pero también con usted».

Apoyo con reticencias de EP-IU

Elkarrekin Podemos-IU votó a favor de la creación de la ponencia, aunque su parlamentario Iñigo Martínez auguró que el debate en su seno no será cómodo y quiso dejar claro que su grupo no apoyará nada que no tenga como base la defensa de la red pública.

Explicó que se le había ofrecido a su grupo la posibilidad de firmar la enmienda, pero que no lo habían hecho porque no han participado en el proceso «no reglado y mediático» que se ha dado hasta la fecha, donde ha habido conversaciones entre otros grupos. Elkarrekin Podemos-IU apoya la creación de la ponencia o, con más precisión, habría que decir que «no negaremos el debate».

PP+Cs, sin complejos

En la moción registrada por PP-Cs y defendida por el único parlamentario naranja,José manuel Gil, se apostaba sin complejos, por ejemplo, por que el Gobierno de Lakua «garantice la adquisición de competencias básicas de todos los alumnos del sistema educativo vasco sin subordinarlo a la euskaldunización de los mismos».

En su propuesta, se instaba a que «el futuro proyecto de Ley de Educación que se está elaborando garantice de manera real y efectiva en la red pública la libertad de elección de las familias del idioma en el que estudian sus hijos».

También pretendía la derecha española que en dicha ley «se mantenga y se refuerce la red concertada», y que esto se materialice «a través de una financiación adecuada que asegure la convergencia en indicadores clave, como el número de profesores por alumno, con los centros de titularidad pública».