Menores incluso de 12 años detenidos en mitad de la noche. El sueño roto por una irrupción militar violenta en sus domicilios. Separados en diferentes habitaciones de sus padres y madres y demás familiares. Sin notificación de la causa de la detención. Manos atadas con bridas o cintas de plástico, ojos vendados. Subidos a un jeep militar sin conocer su destino. Los interrogatorios. En una lengua que no dominan, sin acceso a un abogado y sin la presencia de un familiar pese a ser menores. En ocasiones, incluso los propios padres son detenidos a modo de presión para que firmen una autoinculpación. Celdas diminutas. Llega el juicio ante una corte militar. El primer día en meses en que pueden ver a sus padres y madres, pero sin contacto físico alguno, solo una sonrisa, un gesto. El juicio en hebreo. Una vez en prisión aún tendrás que esperar mínimo tres meses para recibir la visita de sus familiares, que deben de tramitar el permiso en las oficinas del Comité Internacional de la Cruz Roja. La visita, 45 minutos.

Esa es la realidad que cada año viven entre 500 y 700 menores palestinos, detenidos y procesados bajo el amparo de la legislación militar israelí, según datos de la organización Defense for Children International Palestine (DCI-P). Desde el año 2000, son más de 12.000 En la mayoría de los casos, el delito imputado es haber arrojado piedras, un acto que puede ser castigado con diez años de cárcel, si la persona o el objeto contra el que arrojaron la piedra estaba quieto, o veinte años si estaba en movimiento.

«¿Por qué tantas vulneraciones por un hecho menor como tirar piedras? Estamos hablando de niños y niñas y de tirar piedras», remarcó Manar al-Amleh, técnica de incidencia internacional de DCI-P, que, junto a Ayed Abu Eqtaish, director del Programa de Rendición de Cuentas de la ONG, y Sahar Francis, abogada y directora de Addameer, han traído estos días a Euskal Herria la cruda realidad de los menores palestinos detenidos por Israel. Dentro de la gira organizada por la Asociación Paz con Dignidad, Sare, la coalición «CAF, bájate del tres del apartheid israelí», Unicef, UNRWA y la UPV-EHU, el lunes ofrecieron una charla en Donostia junto a Sare, que puso el foco en la situación de las hijas e hijos de presos vascos y en los efectos que la dispersión ha tenido en ellos.

Según una investigación realizada por DCI-P –los datos se basan en 739 entrevistas a niños arrestados por fuerzas israelíes en Cisjordania entre 2013 y 2018– el 73% de los menores relató haber sufrido violencia física durante su arresto e interrogatorio; al 95% les ataron las manos mientras que al 86% les vendaron los ojos; el 49% fue detenido en sus hogares en medio de la noche; el 64% fue objeto de abusos verbales, humillaciones e intimidaciones; a un 74% no le informaron adecuadamente de sus derechos; el 96% fue interrogado sin la presencia de un familiar; el 20% fue obligado a permanecer en posturas incómodas y el 49% firmó documentos en hebreo, una lengua que la mayoría de niños palestinos no dominan.

Uno de ellos es Obaida Jawabra, cuyo testimonio fue recogido en un breve documental que el lunes proyectaron en Donostia y que también está disponible en la web de DCI-P. El pasado 17 de mayo, dos años después de que este video fuera grabado cuando tenía 15 años, murió a los 17 años por disparos israelíes. Para ese momento ya había sido detenido en dos ocasiones.

«Cuando estás dentro, te siente aislado del mundo. El problema es la Ruta 60 y cómo cruzarla para llegar a la escuela. La vida para los niños palestinos es trágica. No podemos jugar como cualquier otro niño, no tenemos libertad. La primera detención fue realmente difícil. Me ataron las manos a la espalda con dobles cuerdas de plástico. Tenía los ojos vendados y la nariz tapada. Cuando caminas sin poder ver nada, te sientes mareado. Uno de los soldados me dijo que tuviera cuidado que había unos escalones. Era mentira y me caí al suelo. ¿Por qué nos detienen siendo tan solo unos niños? ¿Por qué nos hacen sufrir?», se preguntaba Obaida.

DCI-P lleva 30 años investigando, documentando y denunciando estas violaciones de derechos. Aquel pequeño grupo de voluntarios cuenta a día de hoy con oficinas en Ramallah, Nablus, Hebrón, Jerusalén Este, Gaza, Nueva York y Londres. Como otras organizaciones palestinas, ha sufrido campañas de estigmatización, redadas e incautaciones. Sin ir lejos, el pasado 29 de julio fuerzas paramilitares entraron en sus oficinas en el barrio de Al-Bireh´s Sateh Marhaba, en el sur de Ramallah. Eran las 5.15 de la madrugada. Más de una docena de soldados forzaron la puerta de entrada y se llevaron seis ordenadores fijos, dos portátiles, varios discos duros y listas con datos de menores detenidos asistidos por la organización.

«Este último acto de las autoridades israelíes es un paso más en la campaña en curso para silenciar y eliminar a la sociedad civil palestina y a organizaciones de derechos humanos como DCI-P. Israel debe poner fin inmediatamente a las acciones encaminadas a deslegitimar y criminalizar a los defensores de derechos humanos y la comunidad internacional debería pedirle cuentas a Israel», destacó en un comunicado el director general de DCI-P, Khaled Quzmar.

Eqtaish advirtió que si Israel «viola los derechos humanos de los menores, incluso su derecho a la vida –en lo que va de año 72 niños han muerto por disparos a corta distancia de soldados israelíes en los territorios ocupados y en la Franja de Gaza– es porque la comunidad internacional no le exige responsabilidades, le ha dado una especie de luz verde para cometer todos estos crímenes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU emite sus recomendaciones, pero no hay ningún tipo de exigencia para que Israel las cumpla, por lo que se sienten con las manos libres. E Israel está haciendo todos lo posible para atacar a organizaciones civiles como la nuestra. Esa es su estrategia ahora. Además de la criminalización, está cortando las fuentes de financiación, de tal manera que hasta los trabajadores se vean afectados y así dinamitar cualquier labor de asistencia y asesoría. Y los menores están pagando un alto precio sicológico y físico. La comunidad internacional debería de implicarse más para que Israel cese estas prácticas».

Desde Euskal Herria

Francis recordó la detención el 13 de abril de Juana Ruiz, activista y coordinadora de proyectos de la ONG Comités de Trabajo para la Salud. Sobre ella pesan cinco cargos, entre ellos, «pertenencia a una organización ilegal, participación en actividades de una organización ilegal y formar parte de la junta directiva de una organización ilegal».

«Este es otro ejemplo de la criminalización de los defensores de derechos humanos y de las personas que trabajamos a favor de los presos palestinos, que actualmente son 4.600, entre ellos 200 menores. Estando hoy aquí, en Donostia, he sabido que a un compañero de Addameer de Jerusalén le han dado la orden de deportación a Francia. El Ministerio de Interior israelí ha revocado el permiso de residencia permanente a Salah Hammouri, abogado de Addameer y expreso. Alegan que ha violado su ‘juramento de lealtad al Estado de Israel’».

En la misma mesa redonda, Inaxio Oiarzabal reclamó en nombre de Sare, módulos de madres en Euskal Herria porque a día de hoy «a las mujeres presas se les impide ejercer de madres y eso es inadmisible». Asimismo, pidió desactivar las medidas de excepción que aún se aplican a los presos vascos, más cuando se acaban de cumplir diez años del fin de ETA. Destacó que solo 10 presos están en tercer grado penitenciario «cuando más de un tercio, unos 70 presos, deberían estar en esa situación y, 52 de ellos, con la aplicación de la libertad condicional. Muchos de ellos son padres y madres y conforme a la ley deberían de estar en la calle». En lugar de Oiarzabal debía de haber acudido Oihana Mujika, madre de «dos niños de la mochila», una realidad «de la que durante años no se ha hablado porque se consideraba que era lo mejor para estos menores».

Oiarzabal explicó que su compañera no había podido ir porque justamente el lunes «tenía su primera visita familiar en la cárcel de Martutene, una buena noticia» tras años de alejamiento. Uno de los tantos viajes que tuvo que hacer fue con su hijo recién nacido, de quince días, a París para que su padre preso lo pudiera conocer. A ese le siguieron otros cientos de desplazamientos.

Los representantes de DCI-P, Addameer y Sare coincidieron en la necesidad de tejer alianzas, de aunar voces y denuncias en defensa de los derechos humanos, en este caso, de los más vulnerables, los niños.