El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala investiga la entrada por la fuerza el martes al Congreso de exmilitares que exigen una compensación por sus servicios para el Ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996), que dejó más de 250.000 personas ejecutadas o desaparecidas.

Además, quemaron vehículos y oficinas dentro de las instalaciones del Parlamento, y causaron heridas a cuatro periodistas y a más de una decena de agentes de la Policía Nacional Civil.

Dos de los cientos de manifestantes que provocaron los disturbios fueron puestos a disposición de un juez, acusados por el Ministerio Público por delitos de «terrorismo».

Los exmilitares reclaman que se apruebe la iniciativa de ley que les garantiza un pago de 120.000 quetzales (unos 15.500 dólares), en cuatro pagos mensuales, para cada uno de ellos o sus familiares si estos ya murieron.

Se habían manifestado durante las últimas dos semanas con bloqueos de carreteras y, finalmente, decidieron asaltar el Congreso.

El legislador Carlos Barreda, cuya oficina fue incendiada durante los disturbios, indicó ayer que existen varios indicios para pensar en una amplia organización y planificación de los disturbios.

«Hay alguien detrás de este movimiento. No es posible que (los manifestantes) vengan en buses, armados, con varios portátiles, sonido...hay una logística y una organización atrás. Y un recurso económico atrás que está moviendo esto», aseguró.

Más del 90% de las masacres y desapariciones forzadas durante el conflicto fueron obra del Ejército, según informes e investigaciones de organismos internacionales.