En junio de 2014 nace Sare, una red ciudadana para exigir a los poderes públicos la aplicación de la legislación en vigor a los presos y presas vascas. Éramos conscientes de la dificultad que presentaba este objetivo, por tener que salvar obstáculos políticos, judiciales, administrativos y policiales, además de una situación social muy dañada, tras años de sufrimiento y enfrentamiento.

Durante estos años, el objetivo de nuestra actividad es dar cobertura al cumplimiento del Derecho y de los derechos de las personas presas. Sare es una red ciudadana, con colaboradores y colaboradoras por toda Euskal Herria, de ideología diversa, unidas por compartir un mismo objetivo. No somos una organización jerárquica, por lo que cada uno aporta su granito de arena como puede y cree más oportuno.

En el transcurso de estos años, esta realidad, y la dificultad del tema que tratamos, ha hecho que nuestra labor sea inspeccionada con lupa, así como valorada y enjuiciada públicamente. En ocasiones, también, con oportunismo y motivaciones política como presión para que la situación penitenciaria no cambie o con intención de incidir de manera negativa sobre la labor de Sare. Nosotros somos autocríticos, intentando siempre afinar nuestro mensaje para aportan en la convivencia, con respeto de todas las víctimas y sentimientos, sin permitir por ello la vulneración de derechos de ninguna persona, pero siempre, con la vista puesta en la resolución y la paz.

En este sentido, nos vemos obligados una vez más a aclarar lo ocurrido con la marcha organizada para el pasado 18 de setiembre en Arrasate. Esta marcha solo tenía como objetivo central pedir la derogación de la Ley 7/2003, que eleva el cumplimiento de las penas hasta cuarenta años, fuera de toda lógica reparadora y de reintegración. La mala voluntad retuerce los objetivos de esta convocatoria y todo se vuelve contra una iniciativa que no perseguía nada más que el objetivo señalado. Ni se quería ensalzar ni humillar a nadie, ni a nada. Hacemos la autocrítica que nos corresponda, pero también denunciamos la campaña de distorsión y linchamiento político y mediático contra Sare, soslayando el fondo de la cuestión que no es otro que el cese de una política penitenciaria inhumana, no ajustada a la legalidad.

Creemos que con esta campaña se ha buscado un doble objetivo; desacreditar la labor de Sare de humanización de la situación penitenciaria y de exigencia de aplicación de las normas penales ordinarias. Y por otro lado, condicionar los pasos que se están dando en el cambio de la política penitenciaria. Nos negamos a contraponer o condicionar la atención a todas las victimas de todas las violencias y el trato humanitario a las personas presas.

Nuestra preocupación seguirá estando en las personas en prisión, que desde fechas recientes reciben un trato más ajustado a la ley. Desde el verano pasado, se inició una política penitenciaria que finalizó el 1 de julio, con el traslado de presos y presas vascas, en especial de los que estaban a miles de kilómetros de Euskal Herria. Estos traslados no ponen fin a la política de alejamiento, pero indudablemente producen un cierto alivio en un importante número de familias que estaban obligadas a realizar largos desplazamientos a cárceles situadas en Andalucía, Levante o Galicia. Hoy, ese alejamiento continúa en prisiones situadas en Castilla, Madrid o Aragón, entre otras.

El camino de cumplimiento de la legalidad se está viendo obstaculizado por actitudes beligerantes dirigidas desde algún medio y sobre todo por parte de algunos jueces o tribunales. No podemos afirmar otra cosa cuando solamente un 6% de los y las presas están en tercer grado penitenciario y el resto en segundo grado, a pesar de llevar cumplidos en algunos casos más de treinta años de prisión, la práctica totalidad en primer grado.

La intervención de la fiscalía y algunos jueces dirigida contra las progresiones de grado o los permisos constituye una práctica habitual. Con su actitud, sustituyen a las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, que por lógica, son quienes mejor conocen la evolución de estos presos. Hay presos y presas que tienen bloqueados tres o cuatro permisos por la acción del juez o de la Fiscalía. Esto nos preocupa sobremanera.

Creemos que ahora viene un cambio, no exento de problemas. La Administración de la CAV tiene ya la competencia de prisiones. La normativa a aplicar es la estatal, obviamente, porque suyas son las competencias legislativas. En la ejecución de esa normativa esperamos el respeto de los derechos humanos, dejando de entender la excepción como regla. No exigimos privilegios, solamente que se aplique la legalidad y se respeten los derechos que el ordenamiento interno e internacional reconocen.

La Administración vasca se ha manifestado claramente en esta línea. Esperamos que los hechos se correspondan con las palabras.

Abogamos por la reclamación, desde el Gobierno de la CAV y de Navarra, y la sociedad civil, de traslado de todas las personas presas vascas a cárceles de Euskal Herria, pudiendo así aplicarse una política penitenciaria humanitaria.

La oportunidad de eliminar las violaciones de derechos, simplemente con la aplicación de la normativa en vigor, enciende nuestra esperanza. En todo caso, creemos que en este proceso se debe reforzar el trabajo conjunto: partidos políticos, sindicatos, instituciones y sociedad civil. Es este consenso alcanzado los últimos años un valor de gran importancia.

La defensa de los derechos fundamentales de los presos y presas vascas justifica nuestra preocupación y su manifestación en la calle. Como siempre lo hemos hecho. Buscando la pluralidad. Caminando juntas.

El 23 de octubre, tenemos esta primera prueba, en Donostia, defendiendo la paz, la convivencia. No será fácil, pero nuestra intención y deseo exclusivo es la defensa de los derechos, así cómo exigir el cumplimiento de las normas internacionales y estatales.