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Un Supremo dividido examina la ley contra el aborto de Texas

El Tribunal Supremo de EEUU, de mayoría conservadora, pero dividido en esta cuestión, escuchó ayer los argumentos del Gobierno de Joe Biden y de clínicas abortivas sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley en Texas que prácticamente prohíbe el aborto en este estado, aunque no juzgará su constitucionalidad.


El veto casi total al aborto en Texas, el más restrictivo de EEUU, centró ayer dos audiencias separadas del Tribunal Supremo estadounidense, mientras los activistas advierten del profundo impacto que está teniendo en las mujeres del estado.

El Tribunal examina la polémica ley de Texas, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas, y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación. No su fondo ni su posible inconstitucionalidad, sino su forma: sobre el inédito mecanismo empleado para aplicar la norma y si el Ejecutivo federal tienen derecho a demandar a Texas por su veto.

Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares, y no de funcionarios estatales, como es habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición. Y anima a presentar denuncias al ofrecer una compensación de hasta 10.000 dólares a los demandantes si ganan el juicio.

Ese mecanismo hace más complicado llevar la norma ante los tribunales, lo que, para el Ejecutivo federal y los grupos proaborto vulnera la igualdad ante la ley y hace que la medida sea inconstitucional.

Actualmente el Supremo tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta ley. En setiembre, el Supremo dejó que la legislación entrara en vigor en una decisión muy dividida, con el apoyo de cinco jueces frente a cuatro.

Sin embargo, las cuestiones planteadas ayer por dos de los magistrados que en setiembre se opusieron a bloquear la norma, los conservadores Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett –nominados por Donald Trump– podrían indicar que están a favor de que las organizaciones proaborto sigan adelante con su caso. No así la Administración Biden.

«Hoja de ruta»

El abogado Marc Hearron, del Centro para los Derechos Reproductivos, uno de los grupos que han llevado la norma ante la Justicia, sostuvo que el mecanismo que deja en manos de particulares la implementación de la norma texana es «excepcional, no tiene precedentes». «Ha convertido el sistema de justicia estatal en una herramienta que puede ser empleada para abolir los derechos constitucionales», dijo Hearron, quien advirtió de que la ley puede dar «una hoja de ruta» a otros estados para acabar con otros derechos reconocidos en la Carta Magna.

Por ello solicitó al Supremo que emita una orden que evite que los secretarios de juzgado en Texas acepten denuncias contra infractores de la norma.

El aborto fue reconocido como un derecho constitucional en EEUU en 1973 gracias al fallo del Supremo en el «caso Roe contra Wade», en el que reconoció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.

En su audiencia, la procuradora general del Gobierno federal, Elizabeth Prelogar, subrayó la excepcionalidad de la ley para llevarla ante los tribunales. «Nunca ha habido una ley exactamente como esta –señaló–, ningún estado ha buscado nunca desafiar la supremacía de una ley federal ni mantener a las cortes fuera de la ecuación al mismo tiempo».

Prelogar afirmó que Texas ha diseñado la ley en «un intento deliberado de evitar que las cortes federales hagan nada contra una violación constitucional, ningún estado ha elaborado y aplicado un plan como este».

En ambas sesiones defendió la postura de Texas el procurador general estatal, Judd Stone, quien apuntó que no hay base legal para que el Gobierno federal ni las clínicas demanden al estado y alegó que si una persona presenta una denuncia en aplicación de la norma de Texas es porque puede sufrir «un daño moral o psicológico extremo» tras saber que una amiga ha decidido abortar.