Más de 4,4 millones de personas están convocadas para elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados de la Asamblea Nacional y 20 representantes en el Parlamento Centroamericano.

Opositores y sandinistas dan por segura la reelección del presidente, Daniel Ortega, y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aunque en el primer caso por lo que estiman comicios fraudulentos y en el segundo por el respaldo a las políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en los últimos 14 años. Además del FSLN, participan el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre) y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita).

No podrán concurrir tres partidos opositores por decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE), mientras que siete aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron encarcelados en los últimos meses y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra por acusaciones como lavado de dinero o conspiración contra la integridad nacional.

Las detenciones, al igual que las de una treintena de opositores, periodistas o empresarios, se han llevado a cabo al amparo de leyes que Managua esgrime como defensa ante las injerencias externas.

En un país cuya historia está plagada de continuas invasiones y operaciones extranjeras, el Gobierno temía que los comicios fueran el campo de batalla de una nueva injerencia y sospechaba de maniobras desde Washington o Madrid para constituir una alternativa sólida entre una oposición dividida.

Las detenciones han aumentado la presión internacional y EEUU, la UE o la OEA niegan la legitimidad de los resultados y amenazan con más sanciones. En este ambiente hostil, el Gobierno nicaragüense ha sustituido la figura del «observador electoral», recientemente anulada de la legislación, por los llamados «acompañantes electorales», más de 200 políticos de diferentes países.

A esta presión se ha sumado Meta (antes Facebook), que ha eliminado cientos de cuentas de Facebook e Instagram, y Youtube, que ha cancelado 82 canales con mensajes prosandinistas, argumentando que eran bots para manipular la opinión pública, aunque algunos de sus titulares publicaron mensajes en los que se identificaban y lo desmentían.

El sandinismo confía en una participación al menos superior al 40% que desmienta las críticas y para ello subraya las políticas de salud, educación, la reducción de la mortalidad infan- til y el analfabetismo o la reducción de la pobreza de los últimos años.

De lograr su objetivo, Ortega, que cumplirá 76 años el jueves, alcanzaría su cuarto mandato consecutivo y sexto en total.