Poco se sabe de las negociaciones entre el SPD del aún vicecanciller y ministro de Finanzas, Olaf Scholz, los Verdes de Annalena Baerbock y Robert Habeck, y el Partido Liberaldemócrata (FDP) de Christian Lindner. Aunque la Ley Fundamental no decreta ninguna fecha tope en la que el Bundestag ha de votar al nuevo canciller, los tres socios quieren formar Gobierno antes de Navidad. Para que la ronda de negociación transcurra sin mayores problemas el trío ha acordado una estricta confidencialidad.

El silencio prevalece y hace opacas las negociaciones. Y eso que los tres socios en potencia han creado 22 grupos de trabajo y cada partido tiene el derecho de enviar seis representantes. Hasta 396 personas podrían estar participando en dotar a Alemania de su primer Ejecutivo «semáforo».

Al parecer, la protección del clima es uno de los obstáculos. Baerbock ha declarado recientemente que este tema no debe ser exclusivo de un solo partido. Ponerla en práctica es complicado. Ante todo porque hay que pagarla. Habrá que invertir 50.000 millones de euros anuales para que la industria alemana pueda alcanzar la neutralidad climática en 2045.

El Ejecutivo alemán reactivará en 2023 el límite obligatorio o freno de endeudamiento, al 0,35% del PIB. Cuando se implantó en 2011, la consecuencia fueron duros recortes en el ámbito social. El tripartito ha de ponerse de acuerdo dónde y cómo puede financiar su política.

Se estima que Alemania pierde al año unos 50.000 millones de euros por evasión de impuestos. Para redirigir esta suma a las arcas públicas, tendría que invertir en la administración tributaria, aduanera y jurídica.

Por ahora, los tres partidos negocian qué subvenciones –por ejemplo los 4.500 euros para coches híbridos– eliminar.

El panorama se complica más por el abandono de la energía nuclear, previsto para 2022, y del carbón, para 2030. Alemania dispondría de las condiciones climatológicas para autoabestecerse de energía eólica, pero para ello habría que construir unas 8.000 turbinas eólicas en el mar del Norte y las correspondientes redes para llevar la energía hasta el sur de Alemania. Todo ello requiere de un plan energético aún inexistente.

A ello se añaden problemas sociales como la creciente inflación y el hecho de que, también en Alemania, la pandemia ha profundizado más la brecha entre personas ricas y pobres. Lo que ha abierto el debate en torno al aumento de la carga fiscal sobre los ingresos anuales de 100.000 euros para solteros y 200.000 euros para casados.

En paralelo, el SPD se prepara para dotar a su futuro canciller Scholz de una ejecutiva a su medida. Hasta ahora la han liderado dos de sus rivales internos del ala izquierdista, Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans. Este último ha anunciado que deja la copresidencia mientras que la primera quiere continuar. La plaza vacante la podría ocupar el actual secretario general del SPD, Lars Klingbeil.

A pesar de los problemas en las negociaciones del SPD con los Verdes y el FDP, los tres están condenados a llegar a un acuerdo, ante todo porque es una cuestión de Estado.

La alternativa –un tripartito formado por la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con ecologistas y liberales– no es real, porque el partido de la canciller en funciones, Angela Merkel, no está en condiciones para ello. Se halla sumergido en un amplio proceso de reorganización que culminará en el congreso de enero de 2022. De momento, ha acordado que las bases decidirán sobre el futuro presidente.

Esta decisión podría favorecer al exbanquero de inversiones Friedrich Merz, histórico rival de Merkel, pero hay otros –Jens Spahn y Norbert Röttgen– que quieren suceder al infortunado Armin Laschet.

Junto al relevo de nombre, la CDU ha de decidir si se reforma, reinterpretando el significado de sus adjetivos «cristiano» y «demócrata» en el siglo XXI o si copia a sus partidos hermanos, el PP español y los republicanos de EEUU, yendo de bruces a la «guerra cultural».