Lo social y lo institucional

En los procesos progresistas de transformación social y política se requieren un marco conceptual básico que articule elementos como los objetivos de distinto nivel, mecanismos de intervención, interrelaciones entre agentes y procesos, dinámicas de reproducción y de consolidación... y una metodología de evaluación objetivable de la acción. Establecer un marco conceptual efectivo para el avance hacia los objetivos de progreso (humano, democrático o de justicia) y mejorar en la evaluación de las dinámicas transformadoras permiten afinar en la formulación de la estrategia y la táctica, que deben ser contrastadas con y elaboradas desde la práctica.

No es raro que categorías diseñadas para facilitar la comprensión de los fenómenos se vuelvan rígidas y pierdan complejidad, no recogiendo las interacciones que se producen y creando oposiciones contradictorias simplificadas y parcelaciones de la realidad. Ocurre con los conceptos de movimiento social, dinámica institucional y partidos políticos, los cuales a menudo se presentan de manera fragmentada o aislada y opuestas en esencia. La realidad nos enseña que las interacciones y los límites son mucho más complejos. Empecemos por algunas obviedades. No todo lo que se mueve es de por sí progresista, hay movimientos o expresiones sociales conservadoras, reaccionarias, snobs... Los movimientos sociales no son estables, sino cíclicos, y dependen de la capacidad organizativa, los proyectos y su plasmación, sus componentes y los ciclos sociales. Se expresan en ámbitos de confrontación (pero no exclusivamente), donde se calibran las relaciones de fuerza, y no siempre alcanzan el éxito.

La separación estricta y la contraposición entre lo social y lo institucional no responden a la realidad. Tal y como muestra una gran cantidad de dinámicas municipales, el abordaje de problemáticas sociales se realiza de manera retroalimentada entre tejido asociativo y representantes institucionales. Además, muchas dinámicas sociales pretenden que las demandas se implanten desde lo público. Tampoco cabe generalizar la sucesión unidireccional, donde primero vienen las reivindicaciones sociales organizadas, para posteriormente ser validadas desde lo institucional. Existen casos donde las instituciones dan los primeros pasos. Aunque las dinámicas de doble vía permiten consolidar los avances. El institucionalismo vasco presenta gran variedad y riqueza en cuanto a interacciones con la esfera social organizadas. Así, convertirse en cargo público permite optar a un conjunto mayor de herramientas y capacidades (también limitadas, y con lógicas debilitadoras), sin necesariamente dejar de ser activista social. Por otra parte, la estricta separación, e incluso oposición, entre movimientos sociales y partidos políticos oscurece la comprensión de los fenómenos sociales, dado que existen partidos políticos con intensa implicación en problemáticas sociales particulares, que crean comunidad y valores en torno a un programa político de progreso mucho más amplio que las problemáticas sectoriales parciales, y que generan agentes de transformación y mecanismos de equilibrio y cohesión. Tampoco cabe menospreciar los resultados electorales, ya que además de permitir el acceso a instrumentos institucionales, sirven para cuantificar correlaciones de fuerza y voluntades democráticas (por ejemplo, en procesos de autodeterminación). Además, excluir la acción política como herramienta de transformación es un profundo error estratégico.

En lo referente a la evaluación y seguimiento de la evolución de las dinámicas de transformación social, cabe realizar varios apuntes. En primer lugar, existe cierta tendencia a valorar únicamente el grado de movilización en manifestaciones y similares, y se olvida que muchas dinámicas realizan labores no directamente visibles y/o que no están orientadas hacia la movilización social de denuncia o reivindicación. Ejemplos de esto último podemos encontrarlos en los ámbitos de la educación, euskara, migración, sindicalismo, cultura, feminismo, LGTBI+, ecologismo, precariedad y pobreza, drogodependencia, economía social y comunitaria... En segundo lugar, se carece de instrumentos para la cuantificación objetiva de la actividad movilizadora, y eso lleva a medir la salud de los movimientos sociales en función de las percepciones subjetivas en un entorno limitado (espacial y temporal) de la realidad. Seguramente son los departamentos autonómicos de interior y de seguridad quienes disponen de la mejor contabilidad de movilizaciones. Las huelgas de ámbito laboral, en cambio, sí están recogidas en fuentes estadísticas, y estas muestran su carácter cíclico, una mayor conflictividad laboral en los últimos años prepandemia, y la fuerza del sindicalismo vasco a nivel europeo.

Medir la salud de los movimientos sociales exclusivamente a través de la intensidad movilizadora es confundir objetivos y medios. La apuesta por la movilización permanente es como pretender ganar al ajedrez dando el mayor número de jaques, sin elaborar una jugada de jaque mate. Además, existen inercias de acción de dudosa eficacia, que no se evalúan, y que se usan para la autojustificación. Evidentemente existen muchos aspectos a mejorar y fortalecer en el campo de los movimientos sociales, pero si se pretende hacerlo evitando el negativismo es preciso objetivar la evaluación, comparar la red de expresiones sociales existente actualmente con la que había hace 10-20 años (en mi opinión, subjetiva, mucho más variada, ya que surgen nuevos ámbitos de acción como la defensa de lo público, pensionistas, migración, vivienda, precariedad, pobreza, economía social, anticorrupción, carta de derechos sociales, etc., y más intensa incluso en lo puramente movilizador: huelgas generales, 8 de marzo, movimiento pensionistas, el caso de Altsasu, incineradoras, fracking, derecho a decidir, etc.), tener en cuenta el contexto sociológico, y sobre todo, ser conscientes de y visibilizar los éxitos, avances y logros obtenidos, que no son pocos.