Anteayer la Comisión Europea y el Gobierno español firmaron un documento en teoría técnico que recoge los hitos que el Ejecutivo deberá cumplir para recibir la siguiente remesa de fondos Next Generation. Una auditoría muy exigente teniendo en cuenta que no todo es dinero a fondo perdido. Entre los hitos volvió a aparecer la extensión del periodo de cotización para el cálculo de las pensiones, otra vía para el recorte. El ministro desmintió esa posibilidad, pero a continuación señaló que esa medida se estudiará, con lo que el desmentido terminó generando nuevas dudas sobre la voluntad del Ejecutivo y especialmente sobre las exigencias de la Comisión.

El programa Next Generation se promocionó como un cambio de paradigma, algo que ya no se sostiene. En primer lugar, los recursos que va a movilizar están muy lejos de lo que invertirá, por ejemplo, EEUU. Además, una gran parte de los fondos va directamente a financiar proyectos liderados por grandes multinacionales europeas, que posiblemente les ayuden a posicionarse frente a otras grandes corporaciones internacionales, pero que tendrán un efecto mínimo en la economía local y en la gente corriente. No solo financia al sector privado, sino que será el sector público el que tendrá que devolver esas ayudas, ya que gran parte de ellas son préstamos. Nuevos compromisos que atenazarán todavía más las ya menguantes cuentas públicas. Y en ese contexto de financiación pública de la iniciativa privada, la Unión Europea exige que se recorten las pensiones: cumplir con Bruselas, aunque eso suponga que no se cumplan los compromisos adquiridos con jubilados y pensionistas. De este modo la burocracia de la UE está a punto de lograr la cuadratura del círculo: subvencionar a las multinacionales a cuenta de las pensiones.

No solo es un plan demencial, sino profundamente antidemocrático. En estas circunstancias, movilizaciones como la de los pensionistas para este sábado son esenciales.