PNV y PSE han introducido a través de una enmienda a la Ley de Administración Ambiental un cambio trascendental de la Ley de Ordenación del Territorio, a través del cual el Gobierno podrá imponer a los ayuntamientos los proyectos que declare como de Interés Público Superior, aunque vayan en contra de la normativa de ese municipio. Es lo que ya se está conociendo como «Ley Tapia».

EH Bildu considera que «por medio de esa enmienda pretenden modificar significativamente una ley que no tiene conexión con el contenido de la Ley de Administración Ambiental». Por ello entiende que «la Mesa del Parlamento no debería haberla admitido a trámite, ya que para cambiar la Ley de Ordenación del Territorio el Gobierno debía haber presentado un proyecto de ley; ese es el cauce legal correcto, no una enmienda de sus grupos parlamentarios».

Se reunió ayer la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Medio Natural en la que PNV y PSE utilizaron su mayoría absoluta para aprobar la ley con el voto en contra de toda la oposición. Fue allí donde el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero anunció la presentación ante la Mesa la declaración de nulidad del dictamen y que retrotraiga el procedimiento al momento de la calificación de las enmiendas para reanudarlo de nuevo desde ese punto».

Maniobra para evitar controles

Mikel Otero denunció que « han hecho pasar por una enmienda parcial lo que en rigor debiera haberse tramitado como proyecto o proposición de ley; abusan de la figura de la enmienda parcial fundamentalmente para eludir mecanismos de control previos».

Con lo que califica de maniobra, EH Bildu critica que «PNV y PSE evitan la redacción de informes que son obligatorios en los proyectos de ley, siendo especialmente grave que con esta maniobra eludan pedir opinión a la Comisión de Gobiernos Locales» cuando «lo que está en peligro es precisamente la autonomía municipal».

También Elkarrekin Podemos-IU criticaron a los partidos que sustentan al Gobierno por haber pretendido realizar este cambio sustancial en las normas de juego, de hondo carácter político, a través de una enmienda.

El PSE no se pronunció y el PNV apoyó al Gobierno y criticó lo que María Eugenia Agirrezabalaga vio como una sobreactuación de la oposición.

Jurisprudencia del TC

Mikel Otero recordó a la comisión que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 119/2011 determinó que debe haber una «correlación material entre la enmienda y el texto enmendado» para que esta se ajustara al procedimiento que se debe seguir. Y es a la Mesa del legislativo al que le corresponde ejercer esa función de control.

El TC anuló dos enmiendas del PP en el Senado por aprovechar la Ley de Arbitraje para tipificar el delito de convocatoria de consultas por vía de referéndum. Después, el Tribunal Constitucional ha reiterado esta doctrina en otras sentencias y tenía ya un precedente en 1990.

 

Ayuntamientos como Gasteiz e Irun se oponen a la imposición

En una veintena de ayuntamientos, que según expuso ayer en la comisión parlamentaria Mikel Otero representan a más de 300.000 habitantes, se están aprobando mociones que se muestran en contra de la intención del Gobierno de Lakua de poder imponer a los municipios los proyectos que el Ejecutivo considere de «Interés Público Superior».

La ciudad más grande que se ha sumado a esta queja es Gasteiz, cuyo pleno municipal aprobó el pasado viernes una moción de EH Bildu, apoyada por Elkarrekin Podemos y el PP, en la que se rechaza la nueva Ley de Administración Ambiental que «vulnera la democracia local» de los Ayuntamientos. PNV y PSE votaron en contra. Se da la circunstancia de que el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, es también presidente de Eudel. Por lo que se le pidió que defienda ante esta asociación la decisión del pleno y no la suya propia.

Por otra parte, ese mismo día, en Irun se aprobó por unanimidad una enmienda alternativa presentada por PSE y Elkarrekin Podemos a un texto de EH Bildu. El ayuntamiento demandó que se someta a consulta de Eudel la figura de los ‘Proyectos de Interés Público Superior’ por afectar de forma directa a la autonomía municipal. El PNV votó a favor.I.I.