El Gobierno de EEUU pidió ayer al Tribunal Supremo que no elimine el precedente que legalizó el aborto en todo el país en 1973, al opinar que esa Corte «nunca ha revocado un derecho tan fundamental» para los estadounidenses. El futuro del aborto legal en el país empezó ayer a decidirse en ese tribunal a través de un caso que tiene en vilo al movimiento feminista y esperanzados a dos decenas de estados conservadores, deseosos de restringir al máximo ese derecho.

Medio siglo después de su legalización, dada la composición actual del Supremo (seis jueces conservadores y tres progresistas), sus defensores temen que el máximo tribunal aproveche un caso relacionado con Misisipi, “Roe versus Wade”, para tumbar el precedente de 1973, que impide prohibir el aborto antes del punto de «viabilidad», que suele llegar sobre las 24 semanas de gestación, y permitir que cada estado lo regule a su antojo.

El caso gira en torno a una ley de Misisipi, que todavía no ha entrado en vigor y que prohibiría el aborto a partir de las 15 semanas de gestación en ese estado, el más pobre del país y donde apenas queda una clínica que practique interrupciones voluntarias del embarazo.

Su procurador general, Scott Stewart, defendió esa ley y durante la audiencia pidió al Supremo que anule el precedente establecido en 1973 y otra decisión que lo reafirmó en 1992, al considerar que «envenenan la ley».

Para la procuradora general de EEUU, Elizabeth Prelogar, los efectos de su derogación «en el mundo real» serían «graves e inmediatos», y dijo que supondría una «reducción sin precedentes de los derechos individuales».

La decisión del Supremo no se espera hasta 2022.