07 DIC. 2021 La junta militar birmana se enroca con la condena a Aung San Suu Kyi La primera sentencia contra la líder opositora birmana Aung San Suu Kyi, cuatro años de prisión rebajados luego a dos, supone una demostración de poder de la junta militar que dio el golpe que derrocó a su gobierno. Los militares se enrocan en sus posiciones a pesar de las presiones internacionales y mantienen una sangrienta represión en el país. GARA rangún La junta militar birmana redujo la pena de prisión a la que había sentenciado un tribunal a la líder opositora y Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de 4 a 2 años, entre denuncias de la comunidad internacional, pero sin que la presión haya servido para influir en el régimen golpista. El expresidente Win Myint, quien fue sentenciado en los mismos términos, también vio reducida su sentencia a dos años. Ambos fueron procesados por «incitar a disturbios públicos» y violar las reglas de salud relacionadas con el covid. Se trata de la primera sentencia dictada contra Aung San Suu Kyi, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde el golpe del 1 de febrero que cortó la transición en marcha en Myanmar desde 2010. Juzgada desde junio, está acusada de multitud de delitos que los militares han ido acumulando con los más variados motivos: sedición, corrupción, fraude electoral... que pueden acarrearle prisión de por vida. El portavoz de la junta, Zaw Min Tun, afirmó que no serán encarcelados por el momento y que «se enfrentará a nuevos cargos desde los lugares donde se encuentran actualmente» en la capital, Naypyidaw. La condena por incitación se relaciona con declaraciones emitidas por el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), poco después del golpe, condenando la asonada de los generales. El cargo de covid está relacionado con actos electorales del año pasado. En los comicios la LND ganó cómodamente, pero no se conocen los detalles ya que la junta impuso silencio sobre el proceso, los periodistas no pueden asistir al mismo y los abogados no pueden hablar con los medios de comunicación. El próximo veredicto está previsto para el 14 de diciembre, por otra infracción, esta vez a la ley de desastres naturales. Según una ONG local, más de 1.300 personas han muerto y más de 10.000 han sido arrestadas como resultado de la represión contra la oposición. La semana pasada, la junta militar condenó a 21 activistas a penas de muerte y otros 29 han sido condenados a cadena perpetua por su presunta participación en ataques contra el Ejército, pero también por donaciones a la Fuerza de Defensa del Pueblo y el Gobierno de Unidad Nacional. Desde finales de octubre la junta ha condenado a pena de muerte a 65 personas, de las cuales al menos dos son menores de 18 años. La presión internacional sobre la junta ha fracasado hasta ahora y no ha conseguido mover a los militares mientras continúa una sangrienta represión de las protestas y una resistencia armada de varias milicias coaligadas. El mes pasado el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, fue excluido de una cumbre virtual entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), si bien China y Rusia han evitado aislar al régimen birmano. La ONU, la UE y EEUU denunciaron este juicio político destinado a neutralizar a la ganadora de las elecciones de 2015 y 2020, a eliminar cualquier oposición y a suprimir las libertades en Myanmar. DENUNCIASLa junta birmana busca «sofocar las libertades» encarcelando a Aung San Suu Kyi, denunció Amnistía Internacional, mientras la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deploró la condena «en un juicio amañado» ante un tribunal controlado por los militares y con motivación política. INHABILITACIÓNLa sentencia, a la que todavía pueden añadirse decenas de años de condena en juicios pendientes por múltiples acusaciones, también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta militar accediera a celebrar elecciones, algo que prometió tras el golpe, sin fijar una fecha aún.