La Red de Personas Torturadas de Nafarroa y Egiari Zor se unen para crear un registro de torturados por parte de los Cuerpos y Fuerzas del Seguridad del Estado español en el herrialde con la que exigirán a las instituciones que den los «pasos necesarios para el reconocimiento y reparación de estas víctimas».

Para ello, tal y como aseguraron ayer Jon Patxi Arratibel y Gloria Bosque en una rueda de prensa celebrada en Zabaldi, crearán una asociación que sirva de altavoz de las personas torturadas en Nafarroa.

«Sabemos, por el trabajo de recopilación de datos que estamos llevando a cabo, que el número de personas que hemos sufrido tormento físico o psicológico a manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado está en torno a los mil casos desde el periodo de tiempo que va de 1961 a 2012», afirmaron.

En este sentido, animaron a todas las personas que en Nafarroa han sufrido maltrato y tortura, o a sus familiares, a rellenar los formularios que durante los próximos meses repartirán por diferentes zonas del herrialde. Pese a que reconocieron que «no es fácil volver a recordar algo que quizás esté olvidado», creen que es de «vital importancia» completar el censo.

«El primer impulso en este sentido lo llevaremos a cabo durante los meses de diciembre y enero, aunque somos conscientes de que este trabajo lo deberemos alargar en el tiempo para poder llegar hasta tantas personas», añadieron. Por ahora, han habilitado diferentes espacios en Iruñea (Zabaldi), Altsasu (Sociedad Kukuerreka), Etxarri Aranatz (Casa de Cultura), Leitza (Torrea Taberna) y Barañain (Sociedad Akelamendi), en los que se facilitarán los formularios.

«Queremos realizar un enorme auzolan en este sentido, entre el mayor número de personas torturadas. Y de esta manera, poder ensanchar la red e ir complementando de la manera mas rigurosa posible el censo de personas torturadas en Navarra», indicaron.

Por todo ello, invitaron a todo aquel que lo desee a un acto que tendrá lugar en el auditorio de la Escuela de Música de Berriozar el próximo 12 de febrero, con el objetivo de presentar la Red de Personas Torturadas como asociación.

«Es hora de sacar del olvido la lacra de la tortura, de acabar con su impunidad. Le debemos a la sociedad, a las futuras generaciones esclarecer lo ocurrido. Es la forma más efectiva para erradicar la práctica de la tortura. Que nadie, nunca más, vuelva a pasar por lo mismo que nosotras y nosotros», señalaron.

60 años de impunidad

Según los datos recabados por la Red de Personas Torturadas de Nafarroa, la «lacra de la tortura» en el herrialde suma más de 80 localidades, más de 80 municipios donde por lo menos existe un caso o una denuncia de tortura o malos tratos sin investigar, reconocer, ni reparar.

Para las personas que sufrieron torturas, son 60 años de «total impunidad», de «intentar negar la realidad de la tortura o de mirar hacia otro lado por parte de responsables institucionales, determinados partidos políticos y ciertos medios de comunicación», teniendo en cuenta que «existían y existen evidencias claras de lo ocurrido en cuarteles y comisarias». Todo ese silencio, añadieron, muchas veces «convertido en sospecha», en el tan recurrente «algo habrán hecho», también fue motivo para «criminalizarnos e imponernos así un doble castigo», destacaron. «De ahí que seamos conscientes de lo duro y difícil que será el camino a recorrer para lograr un reconocimiento oficial de la práctica sistemática de la tortura en Navarra durante todas esas décadas mencionadas», añadieron.

Largo camino por recorrer

Miembros de Egiari Zor destacaron que la situación de discriminación que vive el colectivo de torturados es «especialmente trágica». Denunciaron que, aunque el número de personas afectadas por este tipo de violencia es elevado, el nivel de reconocimiento oficial es «escaso».

«Estamos hablando de miles de casos», insistieron, como demuestran los estudios realizados por el Instituto Vasco de Criminología entre los años 1960 y 1978 en Nafarroa y entre 1960 y 2014 en la CAV.

De hecho, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) tumbó en el año 2019 la subvención de un total de 17.900 euros que el Gobierno foral concedió a la UPV/EHU para elaborar un informe sobre torturas y malos tratos con los mismos parámetros que el de la CAV, es decir, desde 1960 hasta la actualidad. Los jueces entendieron que esta ayuda pública se apoyaba en preceptos de la Ley Navarra de Víctimas 16/2015, anulados por el Constitucional español.

El veto estatal a la partida oficial para investigar la tortura en Nafarroa retardará un trabajo cuyo desenlace esperan cientos de navarros y navarras que la han padecido, y prorroga la situación de falta de reconocimiento y reparación oficial.

Sin embargo, Euskal Memoria lleva tiempo trabajando el asunto, y tiene detectados un total de 816 casos, pese a que cree que podrían incluso superar el millar, lo que cuadra con lo certificado ya en la CAV.

En febrero de 2017, diez meses antes de que se hiciera público el informe del Instituto Vasco de Criminología al que el Gobierno de Lakua puso sello oficial, había recopilado ya 5.657 casos, de ellos casi 5.000 entre Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, lo que terminó coincidiendo bastante con el número certificado por el equipo de Paco Etxeberria con sus propios métodos y criterios.

Por todo ello, la fundación Egiari Zor consideró que hay que reconocer y reparar a miles de víctimas de la tortura y por ello hizo un llamamiento a todas las instituciones de Euskal Herria para que den los pasos necesarios en aras de posibilitar el reconocimiento oficial que todavía se avizora lejos.