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Otra traba al aborto desde el Tribunal Supremo de EEUU

Las mujeres que necesiten interrumpir el embarazo en los próximos meses y las clínicas que ofrezcan para ello sus servicios pueden quedarse en un limbo legal a la espera de la decisión de los conservadores tribunales del Quinto Circuito de Estados Unidos. El Tribunal Supremo decidió ayer dejar en sus manos las demandas contra la ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana.


El juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos Neil Gorsuch decidió ayer que sean los conservadores tribunales del Quinto Circuito quienes diriman las demandas contra la controvertida ley del aborto de Texas. Esta decisión podría dejar durante semanas, si no meses, en un limbo legal a aquellas mujeres que necesiten interrumpir su embarazo en ese estado.

Esta decisión se produce casi una semana después de que el Tribunal Supremo dejara la ley en vigor, pero permitiendo que se admita a trámite cualquier recurso que quiera interponer ante los tribunales federales una clínica donde se practiquen interrupciones del embarazo contra esta restrictiva legislación.

Ese dictamen fue interpretado como una victoria parcial para los defensores del aborto regulado contra una ley, en vigor desde el 1 de setiembre, que se ha convertido en su gran desafío. Sin embargo, el Supremo no anuló la legislación que sigue pendiendo como una amenaza.

Texas prohíbe la interrupción del embarazo a partir de la sexta semana, cuando muchas mujeres todavía ni siquiera saben que lo están, sin excepciones por violación o incesto, salvo casos de «emergencia médica». No obstante, al enviar los casos a los tribunales de apelaciones del Quinto Circuito, los cuales ya han respaldado repetidamente dicha legislación, el proceso podría llevar meses por lo que es probable que las clínicas abortivas no se arriesguen a prestar estos servicios después de las seis semanas que marca la ley por temor a las sanciones, según indicó ayer la CNN. Desde su declaración, las autoridades de Texas han intentado blindar la ley al dejar su ejecución en manos de cualquier persona que quiera denunciar a un médico que practique abortos después de las seis semanas.

El estado texano ofrecía recompensas de hasta 10.000 dólares a quien se animara a demandar, lo que exponía a los médicos –incapacitados por esa ley para responder a las acusaciones hasta que la demanda en su contra estuviera formulada– a la ruina.

La decisión del Supremo significa que el caso vuelve a los tribunales de distrito para continuar con los procedimientos, lo que abre la posibilidad de que sea suspendida si acaba impugnada allí. Lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá al Supremo, con mayoría conservadora.