Todos los expertos señalan que, a pesar del número récord de contagios por covid-19, la situación en Euskal Herria es mejor que en cualquier momento previo de la pandemia gracias al éxito colectivo de la vacunación. Según algunas hipótesis, este podría ser el momento en el que se transita de la pandemia a una situación endémica. Conviene ser prudentes, porque las expectativas truncadas causan una desazón difícil de gestionar.

Además, nada de esto resta gravedad a esta ola porque, aunque parezca mentira, dos años más tarde y sin problemas de liquidez económica a corto plazo, el riesgo principal sigue siendo que colapsen los sistemas de salud por falta de recursos, inversión y personal.

Todo indica que haber discriminado en la vacunación a los pobres de todo el mundo, a países enteros y a casi todo un continente, África, ha sido el caldo de cultivo para nuevas variantes como ómicron. Esto no ha hecho que se acelere la vacunación de esos países, sino que ha favorecido el refuerzo universal de la pauta en Occidente y que se amplíe la vacunación a menores. Mientras tanto, según un informe de Médicos del Mundo y Medicusmundi, 241 millones de vacunas caducarán estos días en los países desarrollados a consecuencia de los contratos suscritos por esos estados con las farmacéuticas.

La cadena de errores e inmoralidades conduce a nuevos problemas. Las incoherencias en los discursos, las medias verdades o mentiras enteras y las medidas incongruentes generan una gran desconfianza en la sociedad. Dan munición a los negacionistas, a los privilegiados y cínicos, a los miedosos y a los individualistas. Se demanda lealtad pero no se actúa en consecuencia, no se trata a la sociedad como adulta. Que en un momento tan delicado las instituciones socaven su propia legitimidad con medidas sin sentido que solo logran desviar la atención de los puntos críticos es inadmisible.

Como el plan oficial era volver mágicamente a la situación precovid, no se han hecho cambios e inversiones en Sanidad, solo se ha adaptado el servicio a la excepcionalidad pandémica. Todo a costa del sobresfuerzo del personal sanitario. Se les tiene al límite para luego rescindirles el contrato al primer momento de alivio que hay. Manejar un mercado laboral así, con una temporalidad del 60%, como si no hubiese una pandemia es de una irresponsabilidad total. Y hay que tener poca vergüenza para justificar el recorte del servicio en Navidades diciendo que es para que ese personal pueda descansar. Es un truco de manipulación pueril que busca contraponer los intereses de pacientes y sanitarios.

Y ocurre cuando la última ola ha explotado, ha adquirido otra escala pasando de curva a muro. Esto pone en riesgo en primer lugar la atención primaria, con lo que esto supone para la salud pública, y es difícil saber si no acabará colapsando las UCIs. Es imposible calcular qué puede pasar porque no hay transparencia, porque son capaces de dar como información positiva que haya menos personas en la UCI, cuando lo que ha podido ocurrir es que estas hayan muerto. Es imposible medir los daños de la falta de atención y diagnóstico. Y siguen diciéndole a la gente que su vivencia de desatención no es real, aun cuando es cotidiana y toca a todo el mundo.

Al principio era comprensible que el problema fuese la saturación del sistema sanitario. Que a estas alturas el riesgo sea el mismo es indecente. Dos años más tarde, con vacunas y fondos, su respuesta es equivalente a la de quien dice que para no coger enfermedades de transmisión sexual la solución es no tener sexo. Para colmo, los test de autodiagnóstico se han agotado en las farmacias y se especula con los restantes.

Con ese espíritu, se toman medidas que no tienen base científica, como la mascarilla en exteriores, o que se han demostrado ineficaces, como el pasaporte covid. De música de fondo suenan visiones autoritarias y de orden, que utilizan el miedo que ellos mismos imprimen en la sociedad para acrecentar obligaciones particulares que no van asociadas a derecho colectivo alguno. El foco público se pone en lo individual, en el juicio a las actitudes personales, cuando el problema está en el colapso de lo colectivo por falta de previsión, por una política de desmantelamiento que viene de lejos y que no se quiere alterar, por favorecer siempre los intereses privados.

Antes el problema era el alumnado, luego los hosteleros, ahora las familias… ¿Cuándo le toca a la clase política? Pensar que semejante reto se puede afrontar con la unidad de los burócratas frente a la comunidad científica y la sociedad civil es suicida. Que recapaciten ya.