Desde el pasado 15 de diciembre, los militares birmanos han bombardeado con aviones de combate y artillería zonas civiles en el oriental estado Karen, provocando el desplazamiento de unos 10.000 civiles, de los cuales unos 6.000 han cruzado a Tailandia, según han informado diversas ONG de Myanmar. Algunos proyectiles han llegado a impactar muy cerca o incluso en territorio tailandés.

La portavoz de la Organización de Mujeres Karen, Naw K'Nyaw Paw, señaló a Efe que los militares tailandeses están acogiendo a los civiles que escapan de la violencia, pero que los obligan a volver a su país cuando los combates se calman.

«No les permiten estar mucho tiempo (en Tailandia). La política de Tailandia es no aceptar más refugiados, pero los acogen por razones humanitarias cuando están disparando. Les dejan estar unos días, luego tienen que volver», aseguró.

La activista señaló que los militares tailandeses son responsables de la gestión de emergencia en la frontera con Myanmar, aunque en ocasiones son particulares y ONG locales los que prestan la ayuda inmediata a los refugiados. Naw K'Nyaw Paw aseguró que los militares volverán a enviar a los refugiados a Birmania, donde, denunció, padecen graves carencias y peligro por los ataques militares.

En un comunicado conjunto, varias embajadas, entre ellas las de Estados Unidos, Australia y la Unión Europea, condenaron el viernes los ataques militares y bombardeos contra los civiles en Karen. La junta birmana negó ayer que sus fuerzas estén atacando a civiles y criticó a las embajadas por usar información «falsa» y «entrometerse en los asuntos internos» del país, según una nota de prensa publicada en el diario “Global New Light of Myanmar”.

El Ministerio birmano de Exteriores argumentó que las informaciones proceden de «elementos antigubernamentales, terroristas y grupos insurgentes» que no han sido verificadas.

Denuncia de la ONU

Por otra parte, el coordinador de Ayuda de Emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, tildó de «horror» el ataque que el pasado sábado provocó al menos 38 muertos, entre ellos al menos un niño, en una aldea del estado de Kayah, una de las primeras regiones del país en alzarse contra la junta militar.

«Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, incluido al menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas. Condeno este grave incidente y todos los ataques contra civiles en todo el país, que están prohibidos por el derecho internacional humanitario», resaltó.

Griffiths denunció también la desaparición de dos trabajadores humanitarios de la ONG Save The Children en Nochebuena. Estos volvían a sus casas tras una misión humanitaria en la zona cuando su coche privado fue atacado y quemado.

Exigió «una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente para que los autores puedan ser llevados rápidamente ante la justicia».

Según informaciones recibidas por la ONG, «los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos».