Save the Children confirma la muerte de dos trabajadores de la ONG en la masacre de 35 personas en Myanmar
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Save the Children confirmó ayer que dos de sus empleados se encuentran entre las 35 personas muertas el 24 de diciembre tras un ataque del Ejército birmano en Hpruso, en el estado de Kayah, en el este de Myanmar, donde son habituales los combates entre militares y milicias opuestas al golpe de Estado.
«Con profunda tristeza confirmamos que dos de nuestros empleados estaban entre los cuerpos quemados encontrados en Myanmar tras un ataque del Ejército en Nochebuena», indicó la ONG en su cuenta de Twitter. «Ambos eran padres recientes que trabajaban a favor de la educación. El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse y tomar acciones para que los responsables respondan ante la Justicia», agregó.
Uno de ellos tenía 32 años y tenía un hijo de diez meses. Llevaba trabajando dos años con la ONG formando a profesores. El otro, de 28 años y con una niña de tres meses, llevaba seis años en la organización. Ambos regresaban a la oficina tras realizar una misión en una comunidad vecina cuando ocurrió el ataque. Según ha podido saber Save the Children, militares obligaron a los civiles a bajarse de los coches, algunos fueron arrestados mientras que a otros muchos los mataron y calcinaron los cadáveres, que fueron hallados el día de Nochebuena.
Unicef, que condenó «enérgicamente esta masacre contra civiles, niños y trabajadores humanitarios», precisó que entre los fallecidos había cuatro menores, dos chicos de 17 años, una adolescente y otro menor –cuyo género no se ha podido determinar– de unos 5 o 6 años.
«La protección de los civiles, especialmente de los niños y de los trabajadores humanitarios, debe ser una prioridad en tiempos de guerra de acuerdo con el derecho internacional humanitario y la Convención sobre los Derechos del Niño, de la cual Myanmar es firmante», resaltó Debora Comini, directora regional para el Este de Asia y Pacífico. Tanto ella como el coordinador de Naciones Unidas para la ayuda de emergencia de la ONU, Martin Griffiths, exigieron una urgente investigación.
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