El control público de precios para la inflación

La inflación continúa marcando registros récord en todo el mundo y la eurozona no es una excepción. Según publicó Eurostat ayer, los precios subieron un 5% en diciembre, una décima más que el mes anterior. Aunque se observan importantes diferencias entre países, la subida es generalizada. Una escalada general que no solo afecta a Europa. La Reserva Federal de EEUU, por ejemplo, ha decidido adelantar su decisión de empezar a subir los tipos de interés, según reflejan las actas de su última reunión.

Una decisión coherente con lo que esta institución ha defendido hasta ahora. Sin embargo, al margen de la visión neoliberal, existen también otros enfoques que proponen medidas diferentes. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, por ejemplo, ya en julio señalaba que la situación actual se asemeja a la del final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la transición de la guerra a la paz también provocó cuellos de botella, por un lado, y beneficios extraordinarios a ciertas empresas, por otro. En aquel momento, el Gobierno de EEUU decidió ejercer un control directo sobre el precio de ciertos productos estratégicos, lo que le permitió controlar la inflación, al menos durante el tiempo que ese control se mantuvo. Esa ha sido, además, una práctica habitual hasta que la liberalización de todos los precios exigida por la Unión Europea la redujo a su mínima expresión. Sin embargo, aún quedan algunos vestigios. El Ejecutivo español, por ejemplo, todavía fija el precio de la bombona de butano.

La ortodoxia neoliberal sigue considerando la inflación como un fenómeno monetario cuando, en realidad, tiene poco que ver con el dinero. Tiene mucha más influencia en la subida de los precios el control de los mercados por parte de las corporaciones, las relaciones de poder entre el capital y el trabajo, las coyunturas extraordinarias o el modo en el que el Estado organiza la provisión de bienes y servicios básicos. Y como enseña la experiencia histórica, son los gobiernos los que tiene poder para controlar los precios. La UE no debería prohibirlo, sino promoverlo.