2021: el año del fin de la (semi) autonomía en Hong Kong

El encarcelamiento y exilio de opositores, la celebración de las pasadas elecciones «sólo para patriotas» y la clausura de medios de comunicación de la oposición dieron prácticamente por finiquitado el movimiento prooccidental en la excolonia británica que se inició con la revolución de los paraguas de 2014.

En tan sólo 18 meses, el Gobierno chino ha conducido al movimiento prooccidental de Hong Kong a un callejón sin salida después de la implementación con puño de hierro de la Ley de Seguridad Nacional el 30 de junio de 2020. A lo largo de este año pasado, las autoridades de la ciudad y el Ejecutivo central de Pekín degollaron casi todo lo que el movimiento había representado: represión, persecución y encarcelamiento o huida al exilio de activistas, líderes políticos, periodistas y empresarios desafectos con el régimen chino, además del cierre de partidos políticos, sindicatos y todo tipo de organizaciones independientes contrarias al dictado de Pekín.

No hace ni una década que la excolonia británica era considerada un bastión y un ejemplo de la libertad en Asia, tanto para organizaciones en defensa de los derechos humanos y en favor de la libertad de prensa como para muchos empresarios de todos los rincones del planeta que iban a hacer negocios en la Perla de Oriente.

Xi Jinping ha hecho trizas el acuerdo sino-británico de 1984 que sentó las bases para la eventual devolución del territorio a China en 1997 bajo el principio creado por Deng Xiaoping de «un país, dos sistemas» que, teóricamente, debía permitir que Hong Kong continuara disfrutando de su libertad de expresión, sus tribunales independientes, su autonomía y su democracia, aunque ciertamente limitada.

Poco queda ya del movimiento prooccidental de Hong Kong: más de 100 personalidades, líderes y otros activistas han sido arrestados bajo la Ley de Seguridad, que penaliza acciones consideradas «separatistas» o que subviertan a los Gobiernos de Hong Kong o China. Entre ellas hay 47 personas acusadas de subversión por participar en febrero del año pasado en unas elecciones primarias no oficiales celebradas en 2020 para determinar los mejores candidatos para participar en las elecciones legislativas. Las autoridades aseguraron que los prooccidentales planeaban ganar una mayoría y usarla para paralizar al Ejecutivo y finalmente obligar a la jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, a dimitir.

Con la excusa de la pandemia y citando riesgos para la salud pública, el Ejecutivo hongkonés pospuso las elecciones mientras que Pekín preparó e impuso a principios del año pasado unas nuevas leyes electorales que, a grandes trazos, aumentaba a 90 el número de representantes de la Cámara, pero disminuía a menos de una cuarta parte el de los que eran elegidos directamente por sufragio popular. Además, el Gobierno chino impuso la exigencia de que todos los candidatos al Consejo Legislativo, el Parlamento de la ciudad, deberían obligatoriamente prestar juramento de fidelidad al Ejecutivo central. Y los resultados son más que evidentes: ningún opositor en la Cámara.

Paralelamente a esta persecución política, también los medios de comunicación independientes de Pekín y cercanos a las tesis prooccidentales estuvieron en el punto de mira del Gobierno de China en 2021. A finales de junio, “Apple Daily”, el periódico opositor más importante de Hong Kong, fue clausurado después de arrestar a su fundador y diversos directivos y periodistas acusados de «conspiración para actuar en connivencia con fuerzas extranjeras» contra China y Hong Kong. La mayoría de los responsables están aún en prisión provisional a la espera de un juicio en el que podrían ser sentenciados a cadena perpetua.

Exactamente seis meses después, a finales de diciembre, la Policía hongkonesa entró en la sede del diario digital “Stand News” y arrestó a más de media docena de directivos y periodistas acusados de publicar «artículos sediciosos». A las pocas horas, las redes sociales del medio anunciaron su clausura y el cese de toda actividad. Viendo la difícil situación de los medios independientes en Hong Kong, el portal de noticias “Citizen News” decidió cerrar a esta misma semana por miedo a posibles consecuencias legales y para garantizar la seguridad de sus trabajadores ante lo que sus responsables calificaron de «entorno mediático en deterioro».

El año pasado también se disolvieron varios sindicatos y organizaciones prooccidentales. El sindicato de maestros más importante de la ciudad se disolvió en agosto debido al clima político, seguido poco después por la central independiente más grande de la ciudad. El Frente de Derechos Humanos Civiles, un grupo a favor de la democracia que organizó algunas de las mayores protestas en 2019, también se disolvió después de que la Policía iniciara una investigación amparada por la ley de Seguridad Nacional.

Otros activistas también han sido arrestados por participar en protestas no autorizadas y en la vigilia anual para conmemorar la matanza de Tiananmen, que ha sido prohibida durante dos años consecutivos. La mayoría de activistas de la ciudad están entre rejas o han huido al extranjero, principalmente a Gran Bretaña y a otros países asiáticos como Japón. A medida que el año llegaba a su fin, incluso se retiraron de diversas universidades varias obras de arte que recordaban la masacre de Tiananmen.

Hasta el activismo digital ha desaparecido a lo largo del año pasado: si en 2019 las redes sociales y las aplicaciones de mensajería fueron herramientas clave para movilizar a los manifes- tantes, durante los últimos 18 meses los grupos y canales que usaron masivamente los jóvenes de Hong Kong se han vaciado de usuarios y no hay nuevas publicaciones.

La amenaza de las autoridades de rastrear los perfiles de las redes sociales provocó un borrado masivo de datos y cuentas en las principales plataformas al mismo tiempo que algunos administradores de grupos y canales fueron arrestados y encausados en juicios contra la seguridad nacional.