El Congreso español convalidó ayer el decreto que recoge el acuerdo alcanzado por el Gobierno español con la patronal y UGT y CCOO para modificar la reforma laboral del PP de 2012 y adaptarla a las exigencias europeas. Es una reforma que mejora algunos aspectos, pero que queda muy lejos del compromiso explícito que adquirieron y firmaron tanto PSOE como Podemos en su acuerdo de gobierno y con EH Bildu. Mantiene, además, aspectos muy lesivos para los trabajadores y trabajadoras vascas. Es, también, una reforma que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido negociar con sus socios de investidura. En vez de ello, ha buscado los votos de la derecha y ha otorgado derecho de veto a la patronal. Las explicaciones hay que demandárselas al Ejecutivo español.

El modo en el que se convalidó ayer la reforma fue, además, un auténtico esperpento. Un sainete sonrojante. Acabó aprobándose porque un diputado del PP se equivocó al votar. Por el camino, quedó en agua de borrajas la hipótesis de una mayoría parlamentaria sin los partidos soberanistas –la reforma se aprobó, pero PSOE y Podemos no lograron recabar el apoyo consciente de la mitad del hemiciclo–. También se dejó en un lugar bochornoso al PSN, que aprobó las cuentas a Enrique Maya en el Ayuntamiento de Iruñea a cambio de unos votos de UPN que no llegaron finalmente. Un recordatorio de que siempre será Ferraz quien tenga la última palabra en su sucursal navarra. Que finalmente reprobaran a Maya apenas queda en anécdota. Por último, la crisis largamente postergada en UPN ha estallado y salpicará a sus aliados del PP y Cs.

Es complicado y probablemente prematuro hacer un balance sobre quién sale ganando con lo ocurrido ayer en Madrid, pero no está claro que semejante aprobación refuerce a los impulsores de este pacto. Lo que queda de nuevo acreditado es que el Estado español y su clase dirigente no son serios, no son de fiar, y que construir un marco de relaciones laborales justas solo es posible avanzando en el camino hacia la soberanía y el socialismo.