EDITORIALA
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La política de vivienda requiere más soberanía

El pasado 20 de noviembre más de 8.000 personas se manifestaron en Baiona para exigir el derecho a una vivienda digna. La movilización respondió al encarecimiento general del acceso a la vivienda y ha conseguido colocar el tema en el centro del debate político. La semana pasada, el prefecto de Pirineos Atlánticos anunció en Ziburu la creación de una comisión estratégica y esta semana el presidente de la mancomunidad, Jean-René Etchegaray, ha hecho pública una propuesta para crear una sociedad pública de ordenamiento local (SPLA) que permitiría a los alcaldes una actuación directa en el ámbito de los alquileres. Al parecer, el Ministerio la habría incluido en la Ley 3DS (diferenciación, desconcentración, descentralización) que actualmente se debate en Paris.

Seguramente la propuesta de Jean-René Etchegaray no resolverá por sí misma todas las cuestiones relacionadas con la vivienda, pero tiene dos virtudes. La primera es que da prioridad al ámbito local para frenar la actual escalada de precios. Considera que las colectividades locales son las que mejor conocen la situación, las demandas y los recursos disponibles, y por tanto, si se las dota de herramientas lograrán mejores resultados que las políticas centralizadas. Por otra parte, el planteamiento de Etchegaray busca incidir en los alquileres desde las instituciones públicas. Es evidente que la creciente especulación inmobiliaria ha terminado por aplastar el mito de que el mercado puede garantizar una vivienda adecuada y a un precio accesible. La regulación de los alquileres ya no es una bandera enarbolada solamente por la izquierda, sino que se ha convertido en una reivindicación general que únicamente es puesta en cuestión por los más acérrimos neoliberales.

Por desgracia, Paris –lo mismo que Madrid– sigue decidiendo sobre aspectos clave de las políticas públicas que pueden o no aplicar las instituciones de Euskal Herria. Lo que está ocurriendo con la vivienda en nuestro país es un ejemplo muy claro de que la soberanía es imprescindible para mejorar las condiciones de vida de la gente.