La presión ciudadana ha hecho que la cuestión de la vivienda haya ganado peso en la agenda institucional de Ipar Euskal Herria. Si el prefecto de Pirineos Atlánticos, Eric Spitz, aprovechó, una visita a Ziburu, el 2 de febrero, para anunciar su propuesta de creación de una comisión estratégica destinada a buscar respuestas a la crisis de la vivienda, el sábado fue el turno del presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray.

El dirigente centrista, que se ha distanciado de su partido, la Unión de Demócratas e Independientes (UDI), y parece acercarse cada vez más al entorno macronista, saludaba así que «el Estado acuda en apoyo de las colectividades locales para poner en marcha una política activa en materia de vivienda».

Tras remarcar las diferencias en esta materia entre Biarno y Euskal Herria, Etchegaray abogaba abiertamente por «una solución específica para el País Vasco» que sea capaz de dotar de instrumentos eficaces «a los alcaldes, que son quienes conocen la situación del territorio».

Un preámbulo antes de presentar su dispositivo. «Mi proyecto de sociedad pública de ordenamiento local (SPLA) será un instrumento en manos de los alcaldes que permitirá una gobernanza y una actuación directa», detallaba el presidente de la institución de Ipar Euskal Herria, según la crónica de la reunión publicada por Mediabask.

Etchegaray optaba, no obstante, por la prudencia a la hora de evocar el instrumento más demandado, el que permitiría una gestión local del alquiler.

Tras el acuerdo alcanzado en comisión mixta paritaria integrada por diputados y senadores, las dos Cámaras del legislativo galo deben votar esta semana la llamada Ley 3DS (diferenciación, desconcentración, descentralización) que, aunque queda muy lejos de las demandas de reconocimiento territorial planteadas, entre otros, por los electos corsos, incluye medidas para agilizar las políticas públicas desde las instituciones locales.

La Asamblea Nacional gala votará hoy esa versión remodelada de la ley, que mañana será sometida al dictamen del Senado.

A expensas de esa ratificación, el Ministerio de Vivienda francés habría incorporado la demanda cursada desde Ipar Euskal Herria que permitiría recurrir a esa reglamentación pública de los alquileres.

Ministerio de Vivienda

«Estoy encantado porque, tal y como le he señalado a la ministra Emmanuelle Wargon, nos permitiría tramitar de forma bastante rápida la cuestión del encuadramiento de los alquileres que, sin duda, el Gobierno va a aceptar», se congratulaba Jean-René Etchegaray. La medida, de contar finalmente con el aval de París, no tendrá carácter retroactivo por lo que solo afectará a los contratos de alquileres que se suscriban tras la promulgación de ese nuevo marco legal y afectará a parte del territorio vasco, concretamente a las 24 municipalidades incluidas en la zona de máxima tensión inmobiliaria, que incluye a la costa labortana y su área de influencia.

Se beneficiarían de esa capacidad de regulación del alquiler los ayuntamientos de los siguientes municipios: Ahetze, Angelu, Arbona, Arrangoitze, Azkaine, Basusarri, Baiona, Biarritz, Bidarte, Biriatu, Bokale, Ziburu, Getaria, Hendaia, Jatsu, Lehuntze, Larresoro, Mugerre, Donibane Lohizune, Hiriburu, Urketa, Urruña, Uztaritze y Milafranga.

Otras derivadas por despejar

De confirmarse la adopción en París de la propuesta hecha por la Mancomunidad Vasca sería el primer paso de cara a incidir en los precios del alquiler tras la gran movilización ciudadana que congregó, el pasado 20 de noviembre, a 8.000 personas en las calles de Baiona en apoyo al derecho a la vivienda. Una treintena de entidades se sumaron a esa marcha que tomó como símbolo el llavero. Los manifestantes no duraron en agitarlo a su paso ante sede de la subprefectura, la delegación del Estado en Ipar Euskal Herria.

Con ser un paso adelante, el encuadre parcial de los alquileres no resolverá todas las derivadas de la crisis, agudizada a raíz de la pandemia, y que desborda con creces a la zona de influencia de la zona labortana.

De ello son testigo las sucesivas acciones para denunciar la pérdida de tierras agrícolas en favor de proyectos urbanísticos que se han desarrollado en los últimos tiempos en localidades como Kanbo, Hazparne, Aiherra o, la semana pasada, en Irisarri.