Trabajadoras de las residencias de Bizkaia salieron ayer a la huelga para exigir a la patronal del sector que se siente de una vez a negociar. Emplazaron también a la Diputación Foral a que se implique en un convenio en el que tiene una importante responsabilidad. Tres fueron las convocatorias de huelga: una protagonizada por ELA, otra por LAB y una tercera por UGT y CCOO. Es complicado valorar su impacto ya que Lakua estableció unos servicios mínimos del 100%, con lo que en la práctica las trabajadoras de las residencias no pudieron ejercer el derecho de huelga. A pesar de ello, hicieron oír su voz durante las movilizaciones.

Las reivindicaciones que plantean son razonables y están lejos de posiciones maximalistas. Exigen mejoras salariales, algo perfectamente lógico en un sector en el que los sueldos no son especialmente altos y en un momento en el que la inflación está disparada. Asimismo, reclaman la equiparación con las trabajadoras de las residencias públicas, una demanda justa cuando unas y otras realizan el mismo trabajo. Y por último, piden una mejora de las ratios que la Diputación Foral aplica. Otra reivindicación no solamente sensata, sino que además es inaplazable, especialmente después de lo ocurrido durante la pandemia, cuando quedó patente que ahorrar en personal es incompatible con dar un servicio digno y de calidad a los usuarios de las residencias. Son precisamente las diputaciones forales las que establecen los parámetros de este modelo de atención a las personas mayores y las encargadas de llevar un control efectivo de la gestión, y por lo tanto responsables en última instancia de las carencias que no solamente han sido denunciadas por las trabajadoras, sino también por las familias de las personas usuarias.

Ya va siendo hora de que patronal y diputaciones dejen de pasarse la pelota, asuman sus responsabilidades y se sienten a negociar. Esta en juego la equidad y la justicia, pero también el bienestar de las personas mayores.