13 FEB. 2022 La crisis de la vivienda en Países Bajos: una burbuja con falta de oxígeno GARA LA HAYA Un propietario tarda una media de solo 23 días en vender su casa en Países Bajos y recibe casi siempre más dinero que el precio fijado a priori en el anuncio, lo que es debido a las pujas del alto número de interesados porque hay más demanda que oferta de viviendas: en 2021 se pusieron a la venta 32.000 menos que el año anterior. El acuerdo de coalición del que nació, en enero, el nuevo Gobierno neerlandés promete 100.000 viviendas nuevas a lo largo de 2022, frente a las solo 8.800 que salieron al mercado en el último trimestre de 2021, el dato más bajo desde 2013. Este sería el “oxígeno” que algunos analistas preconizan. Esta situación «no tiene precedentes» en Países Bajos y podría continuar durante al menos otros tres años, con una escasez de al menos 316.000 viviendas en 2024, según un informe de la consultora Capital Value y el instituto de investigación ABF Research. El contexto no ayuda: las tasas de interés son bajas, la seguridad laboral es alta y el crecimiento económico es bueno, a pesar de la pandemia, por lo que para muchos hay suficientes razones para adquirir una vivienda en propiedad. Las principales víctimas de esta crisis son los jóvenes que se acaban de independizar y los ancianos que buscan viviendas adecuadas a sus necesidades. En el grupo de edad de hasta 30 años, una cuarta parte vive en casas demasiado pequeñas o en un espacio incómodo y alejado de su lugar de trabajo. En diciembre estaban a la venta 15.600 viviendas, con un precio medio de 428.000 euros; el número de viviendas unifamiliares cayó casi un 50% y el de pisos se redujo un 20%. Regulación del alquiler Mientras, los municipios abordan la escasez en el mercado del alquiler, que ha disparado los precios. En Ámsterdam, los nuevos inquilinos del sector libre pagan unos 1.466 euros al mes y prácticamente ya no hay viviendas asequibles para personas de ingresos bajos o medios. La ciudad planea introducir a partir de abril la obligación de residir en la vivienda de nueva adquisición durante los primeros cuatro años tras la compra de una con un valor oficial de hasta 512.000 euros, lo que impide alquilarla en ese periodo. Al tiempo, quiere multar a los propietarios que no alquilen su vivienda porque no lleguen candidatos dispuestos a pagar altos precios, en un intento de luchar contra la desocupación en plena crisis inmobiliaria.