El grupo PP+Cs llevó ayer al pleno del Parlamento de Gasteiz un intento de que esta institución se pronunciara en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Frente a ello, EH Bildu defendió la derogación de la Ley Mordaza y la reafirmación del pronunciamiento en su contra que la Cámara aprobó en junio de 2016, que volvió a presentar como enmienda. PNV y PSE votaron ayer en contra de lo que apoyaron entonces, y finalmente se aprobó una enmienda pactada por ambos grupos con el de Elkarrekin Podemos-IU, manifestando la necesidad de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de la era Rajoy.

En concreto, el texto que salió adelante señala que el Parlamento «apoya la pronta tramitación parlamentaria de su reforma» y precisa que ello se hace «con el objetivo de contar con una legislación en materia de seguridad que cumpla con los estándares internacionales de defensa de derechos y libertades ciudadanas».

Esta última parte fue aprovechada por la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, para sostener que lo aprobado «es un buen punto de partida de una reforma que comporte la derogación de la Ley Mordaza». Expuso que de lo que se trata es de eliminar lo nocivo que el PP incluyó en 2015 en la Ley de Seguridad Ciudadana previa, lo que la convirtió en Ley Mordaza, y así conseguir la derogación de esta última.

Lo aprobado en 2006

Frente a la propuesta del PP, EH Bildu planteó que el Parlamento se reafirmara en el texto aprobado en junio de 2016, en el que se mostraba públicamente contrario a una ley que «convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión». Añadía que «en adelante, de producirse una nueva aplicación de esta ley que vulnera derechos fundamentales, adoptamos el compromiso de denunciarlo públicamente y expresar nuestra solidaridad con la persona afectada». Y la propuesta entonces acordada concluía manifestando que «estando la mayoría política de este Parlamento en contra de esta ley, se adopta el compromiso de que no se aplique».

El parlamentario Julen Arzuaga señaló que en 2016 esta aprobación fue posible porque PNV, PSE y EH Bildu compartían una indignación común por una ley que recorta libertades, pero que con el paso del tiempo «le han cogido gusto» porque facilita el trabajo de la Policía. Por eso, por ejemplo, en la CAV la Ertzaintza la han seguido aplicado en miles de ocasiones pese al pronunciamiento del Parlamento.

PNV y PSE obviaron inicialmente lo aprobado en la Cámara en 2016 y prefirieron centrarse en criticar la propuesta y la posición expuesta por el PP. El jeltzale Jon Andoni Atutxa aseguró que el PNV ha estado desde el inicio frontalmente en contra de la Ley Mordaza, y de hecho es suya la propuesta del Congreso.

Julen Arzuaga, de EH Bildu, le replicó que para estar frontalmente en contra, la aplicación de 45.000 sanciones en la CAV por el Gobierno de Lakua son muchas aplicaciones, y todas ellas firmadas por el director de la Ertzaintza, un cargo político de libre designación que hubiera podido incluir una visión de defensa de los derechos humanos antes de firmarlas. Por eso se preguntó por qué firmaron el acuerdo de 2016 si no pensaban cumplirlo.

Jon Andoni Atutxa se defendió alegando que el acuerdo de 2016 no viene ahora al caso, porque lo que el PP+Cs había llevado a debate ayer era el exigir la retirada de la reforma propuesta por el PNV en el Congreso, y le apuntó a Arzuaga que EH Bildu está en ese debate y presentando enmiendas. Recordó que lo hace desde 2017, cuando presentaron una enmienda a la totalidad y un texto alternativo.

Críticas internacionales

Por otra parte, EH Bildu le señaló a Elkarrekin Podemos-IU que en su programa electoral, y en el del Gobierno de Madrid, lo que se recoge es la derogación de la ley, no una reforma que, según su lectura, mantiene los cargos de desobediencia y falta de respeto a la Policía, la persecución por grabar sus actuaciones y el uso de material antidisturbios que puede matar, como las pelotas de goma. Se mantienen también los controles indiscriminados de las FSE en las carreteras y se pretende convertir en agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, lo que da presunción de veracidad a sus partes carcelarios.

Julen Arzuaga incidió en que cinco relatores de la ONU han coincidido en criticar las carencias de la reforma que está en marcha, al igual que lo han hecho el Consejo de Europa y Amnistía Internacional.

En sus intervenciones, sin embargo, Miren Gorrotxategi, de EP-IU, y Txarli Prieto, del PSE, defendieron que las reformas que se están haciendo en el Congreso van en el camino de adecuarse a esas peticiones de organismos internacionales.