La Iglesia quiere zanjar la polémica de los abusos pagándose una auditoría

La Conferencia Episcopal ha contratado a un despacho de su confianza para que investigue durante un año denuncias de abusos. La maniobra pone en riesgo un proceso de reparación homologable a otros países y despierta recelo en las víctimas que ya han dado el paso.

La Iglesia católica jugó su baza ayer ante la reacción desnortada de las instituciones sobre qué hacer con los casos de abusos a menores de edad por parte de religiosos. El cardenal portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, expuso ayer que han contratado al bufete de abogados Cremades & Calvo Sotelo para que haga una investigación de estas denuncias. Le han dado un año de plazo para terminar ese trabajo.

La decisión no se entiende si no se tiene en cuenta el contexto interno estatal, donde las instituciones no han dado aún con la fórmula para que estos casos se investiguen. EH Bildu, Podemos y Esquerra quieren una comisión independiente que la CEE ha llegado a tildar de «trampa saducea». Frente a ellos, PSOE y PNV apuestan por articular la investigación a través del Defensor del Pueblo, opción ante la que la Iglesia no se había pronunciado formalmente.

Es en este escenario borroso en el que la Iglesia ha decidido adelantarse. El contrato con Cremades & Calvo Sotelo es una jugada de riesgo, que puede hacer que el caso español se desvíe de otros ejemplos europeos, donde el proceso para que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación está más avanzado o, directamente, culminado

Los ejemplos irlandés, alemán, francés o belga (este último, quizá, el más completo) contaron con una comisión de investigación o arbitraje compuesta por profesionales independientes, respaldados tanto por la Iglesia como por las instituciones. Y, lo más importante, el organismo despertó la suficiente confianza en las víctimas como para acudir a él.

Así, el grueso de la intervención de ayer del cardenal Omella fue argumentar que lo que han hecho no es lo que parece, que no pretenden con una auditoría pagada por ellos mismos esquivar un proceso indagatorio en el que participen terceros (universidades, instituciones públicas...). Aseguró que el bufete contratado les ha dado la garantía de que será «independiente» y que la auditoría servirá para colaborar con otras investigaciones que puedan realizarse.

«Vamos a ir hasta el final. Hemos aceptado un mandato para trabajar con independencia en colaboración con el trabajo de las diócesis», afirmó Javier Cremades, presidente de la firma legal Cremades & Calvo-Sotelo. Cremades, asimismo, no ocultó que es miembro del Opus Dei, pero aseguró que esto no afectará a su profesionalidad.

Para su investigación, el despacho ha abierto un correo de contacto al que tendrán que dirigirse las víctimas. Hasta ahora, no hay un registro oficial de víctimas en el Estado, más allá de las que ha recopilado el diario “El País”, que las cifra en 1.246.

Por primera vez, en esa rueda de prensa se habló de eventuales indemnizaciones económicas (como ha ocurrido en otros ejemplos europeos) para así motivar a las víctimas a contar su historia y confrontar las lógicas desconfianzas que algunos ya han manifestado.

«¿Alguien puede pensar que si se identifican daños no hay una reparación y no hay una indemnización? Por supuesto, vamos a estudiar todas las cuestiones que afectan a los abusos sexuales en la Iglesia, incluida esa», aseguró el abogado.

GARA se puso en contacto ayer con representantes de la asociación de abusados de Nafarroa, la única en funcionamiento actualmente en el Estado conformada íntegramente por estas víctimas. La respuesta fue una negativa en redondo a acudir a este despacho. Y si las víctimas no responden, aun en el caso de que Cremades y su equipo trabajen con toda la buena fe del mundo, el intento va a fracasar y será un cierre en falso.

Cremades aseguró que el suyo será «un híbrido» basado en la experiencia de Alemania y del Estado francés, combinadas con el trabajo realizado ya por las oficinas de protección a menores puestas en marcha en todas las diócesis españolas. No contó el letrado que estas oficinas de protección han tenido muy poco éxito, por no decir ninguno.

Descartó que vayan a realizar «extrapolaciones demoscópicas». Hablando en plata, mirarán los casos que se les presenten durante un año y responderán solo a ellos.

El giro de Omella

Para el cardenal Omella, la de ayer era una cita importante en la que llegarían momentos incómodos. Los periodistas le preguntaron por qué ahora sí se abren a investigar lo sucedido, cuando siempre habían sostenido lo contrario. «Lo importante no es mirar al pasado sino mirar al futuro. No mirar siempre al pasado lamentándonos, que es muy propio de los españoles», respondió el purpurado.

El cardenal arrancó pidiendo «perdón» a las víctimas de abusos sexuales y aseguró que «no ha sido fácil» tomar la decisión de encargar esta investigación, pero que lo importante es que han adoptado esta «actitud» de «ayudar y reparar», y que hay que mirar al futuro.

Hay que tener en cuenta que la CEE se ha caracterizado como una de las más reacias a investigar estos hechos (incluso Polonia va por delante), pese a que trabajos como el de la investigadora de la UPV-EHU Gemma Varona apuntan a que el fenómeno ha sido similar al de otros países de europa. No solo por la existencia de situaciones de riesgo (en colegios, internados...) sino también por el perfil. Es decir, no pudo ser muy distinto, si en una y otra parte los testimonios tienen tantas similitudes.

Por otro lado, Cremades aseguró haberse puesto ya en contacto con el Defensor del Pueblo, que es adonde PNV y PSOE tratarán de llevar la comisión institucional, para lo que se celebrará una votación en el Congreso el próximo 8 de marzo.

«La auditoría nace muerta. No voy a ir a que se rían de mí»

José Luis Pérez lo detonó todo. En todos los países ha sucedido así. Un caso destapa un escándalo que acaba salpicando a toda una diócesis y provoca una reacción de nuevos testimonios en dominó. Pérez contó sus abusos por la radio y dijo también que su hermano se había suicidado y le había dejado una carta donde le confesó que había sufrido abusos por parte de mismo religioso en un internado de Gares.

El testimonio de esta víctima llamó al de una treintena más, despertando la primera asociación de víctimas en Nafarroa y la primera petición de perdón por parte del arzobispo por los abusos (dicho perdón no alcanzó al propio Pérez, ya que el arzobispo dice que en sus abusos no tiene responsabilidad, y que debe responder la congregación religiosa por no ser un colegio diocesano). No quedó ahí la cosa. El movimiento en Nafarroa llamó la atención del diario “El País”, que dio eco a las palabra de Pérez y disparó recuerdos en otras partes del Estado. A resultas de esto, el periódico estableció un recuento de casos que, una vez documentados, envió directamente a la Santa Sede, haciendo ya insoportable el inmovilismo de la Conferencia Episcopal.

Ayer, Pérez, la primera de las víctimas, afirmó a GARA que no va a acudir a la auditoría privada que ha contratado la Iglesia. «Quiero una comisión de expertos, de expertos independientes de verdad, como el sicólogo que me está tratando desde la Oficina de Atención a las Víctimas el Gobierno navarro», explicó. «No voy a ir a donde ellos a que se rían de mí otra vez, por mucho que hablen ahora de indemnizaciones», prosiguió.

La víctima sostiene, por tanto, que la iniciativa de la Iglesia «ha nacido muerta». Asimismo, asegura que perseverará en su esfuerzo por conseguir una solución homologable a otros países europeos. A.I.

1.246

El recuento extraoficial que lleva «El País» de víctimas de todo el Estado aciende a 1.246, que se corresponden con 611 casos. Esa es la información que remitió a la Santa Sede.

30%

En el reciente informe de la UPNA realizado por Mikel Lizarraga basado en 59 víctimas, se estima que un 30% de los abusos sexuales fueron de carácter grave.

330.000

El proceso indagatorio en el Estado Francés se cerró con el cálculo de que las víctimas de abusos por parte de religiosos entre 1950 y 2020 fueron 330.000. El bufete contratado por la Iglesia se niega a hacer esos cálculos.