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El voto para compensar los alquileres turísticos abre camino a nuevos pasos

Ipar Euskal Herria aplicará desde junio un nuevo cuadro normativo que contempla que por cada alquiler turístico deberá aflorar un bien nuevo que esté orientado al alquiler anual. Los agentes implicados en la campaña por el derecho a la vivienda saludan el paso adelante «dentro de una batalla más amplia» dado por la Mancomunidad Vasca.


Tras la movilización que reunió a 8.000 personas el 20 de noviembre en Baiona, el voto favorable –de más del 95% de los electos de la Mancomunidad Vasca– al nuevo reglamento relativo a alquileres turísticos significa, según los agentes sociales y políticos que sustentan desde hace años la dinámica por el derecho a la vivienda en Ipar Euskal Herria, que se ha superado «una etapa importante».

A pesar de las presiones de plataformas y asociaciones de propietarios de apartamentos turísticos, la veintena larga de reuniones llevadas a cabo, según explicitó el sábado el lehendakari de la Mancomunidad Vasca, Jean-René Etchegaray, permitieron alcanzar ese consenso amplio. Y desactivar, al tiempo, las maniobras tendentes a retrasar la votación. Otra cosa es la actitud que adopten a posteriori esos sectores.

«La adopción de ese reglamento de compensación es una primera victoria colectiva y también una primera etapa en la necesaria intervención pública para regular el libre mercado», expresó Euskal Herria Bai en un comunicado en el que saludó el voto que tuvo lugar en la reunión del consejo de la Mancomunidad Vasca.

Para dicha formación, «el mensaje que se hace llegar a quienes consideran la vivienda como un objeto de especulación o como un producto de inversión es que las reglas del juego empiezan a cambiar y lo hacen en favor de las personas que viven en Euskal Herria».

Biarritz y Hendaia, cara y cruz

Distintos representantes de EH Bai, entre ellos el alcalde de Urruña, Filipe Aramendi, tomaron la palabra para defender la adopción de la medida de compensación que, en todo caso, recibió, a izquierda y derecha, el apoyo de representantes locales de todas las familias políticas.

A destacar que la alcaldesa de Biarritz, Maider Arosteguy, de Les Républicains, avalara la propuesta, aunque aludiendo a que se podía mejorar el dispositivo.

En el ángulo opuesto, en desacuerdo con la iniciativa trabajada de la mano de los electos de la llamada zona de tensión inmobiliaria, el mecanismo no convenció al alcalde socialista de Hendaia y responsable de Finanzas de la institución, Kotte Ezenarro, que optó por no participar en la votación al entender que la medida, además de que no se ajusta a la realidad existente en su localidad, puede ser contraproducente.

De opinión bien distinta, el grupo municipal Hendaia Biltzen remarca que de 2016 a 2020 en esa localidad costera labortana ha aumentado el alquiler turístico en un 117%.

«Queda pendiente la tarea de adoptar mecanismos complementarios con vistas a hacer frente a un problema complejo», estima, en este sentido, EH Bai, que alude a la necesidad de adoptar de forma prioritaria tres medidas. La primera llevaría a ampliar el perímetro de esa zona de tensión que desde 2017 incluye a 24 localidades labortanas. La segunda pasaría por reforzar la regulación de los alquileres para todo el año. Y la tercera exigiría adoptar medidas para fiscalizar más eficazmente las residencias secundarias y bonificar, al mismo tiempo, a quienes alquilan para todo el año.

Junto a esta última iniciativa, EH Bai defiende la implantación de un estatus del residente que permita regular el acceso a la propiedad limitándolo a las personas que lleven viviendo una serie de años en el territorio.

Fiesta de Alda en Baiona

Para el movimiento Alda, que celebró con una fiesta el mismo sábado en Baiona un posicionamiento de la Mancomunidad que llega tras un año de intenso trabajo de ese colectivo, se trata de «un avance mayor que es resultado de una dinámica que ha combinado de forma ejemplar las propuestas y el compromiso de la sociedad civil con el trabajo de electos dispuestos a aportar soluciones eficaces a la crisis de la vivienda».

Desde julio de 2021 en que se puso sobre la mesa la posibilidad de adoptar el mecanismo de compensación «hemos podido trabajar en un clima de cooperación constructiva con la institución, su presidente y los electos y técnicos encargados de la materia», elogia Xebax Christy. En su opinión, tras el voto de la institución de Ipar Euskal Herria, que Alda interpreta como «una victoria a la vez social y ecológica», queda la tarea mayor de «precisar la cuestión social de cómo se garantizará el control en la aplicación de esta medida y con qué medios».

El camino recorrido no ha sido ni corto ni sencillo, pero al final Ipar Euskal Herria, siguiendo la estela de Estrasburgo, Lyon, París o Burdeos, se ha dotado de una nueva normativa destinada a poner coto al alquiler turístico.

«Esta medida para hacer frente al tsunami de alquileres turísticos va en favor de la juventud y de las clases populares, ya que va a permitir recuperar miles de viviendas sin llenar de cemento y artificializar todavía más el suelo», resume, por su parte, la coordinadora de Alda, Malika Peyraut.