El pasado 9 de diciembre de 2021 el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Administración Ambiental. A través de enmiendas de PNV y PSE incluidas durante su tramitación, se procedió a introducir cambios radicales en la Ley de Ordenación del Territorio para crear la figura de los Proyectos de Interés Público Superior, que el Gobierno podrá imponer a los municipios, aunque estos planes vayan en contra de las normas locales. Fue lo que vino a conocerse como «ley Tapia», que hasta provocó movilizaciones populares.

Este cambio fue unánimemente criticado por todos los grupos de la oposición, tanto por las formas como por el fondo. Por las formas, porque se utilizó una enmienda en una ley diferente, que por una parte es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional y, por otra, permite al Gobierno ahorrarse informes y trámites. Y en el fondo, por lo que supone de ataque a la autonomía municipal. También decenas de ayuntamientos, entre ellos el de Gasteiz, se posicionaron en su contra.

El Boletín Oficial del País Vasco no había publicado todavía la entrada en vigor de la Ley de Administración Ambiental con la llamada «ley Tapia» empotrada en su seno, cuando –como avanzó GARA el 18 de diciembre– la consejera anunció que ya quería darle otra vuelta de tuerca, a través de una «ley Tapia +», para poder imponer a los municipios no solo proyectos «promovidos por la iniciativa pública», sino también los «promovidos indistintamente por la iniciativa pública y/o privada», y no solo los de carácter medioambiental.

Estos cambios están recogidos en el anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, a la que la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, decidió ayer presentar alegaciones, desde el declarado «desacuerdo y preocupación» con la imposición de los Proyectos de Interés Público Superior.

Posible anticonstitucionalidad

La Comisión Ejecutiva de Eudel está presidida por el alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, y las dos vicepresidencias corresponden al alcalde de Irun, Jose Antonio Santano, y a la de Azpetia, Nagore Alkorta. Además la conforman otra docena de alcaldes y alcaldesas. En el punto 6 del orden del día de la reunión, aprobaron las alegaciones a presentar a la «ley Tapia plus».

Y precisamente la primera de las alegaciones es considerar «trascendental la omisión en la exposición de motivos del Anteproyecto» de cualquier referencia a los Proyectos de Interés Público Superior (PIPS), añadiendo que estos «carecen completamente de motivación». Asegura Eudel que esta omisión es «injustificable y que por ella «la iniciativa podría infringir el canon de proporción y razonabilidad exigido por el propio TC para la promulgación de las disposiciones legales».

«Carecen de justificación»

Eudel no solo critica que los Proyectos de Interés Público Superior no se justifiquen en la exposición de motivos de la ley, sino que asegura que en sí mismos y «en los términos planteados, pueden exceder de los límites constitucionales careciendo de justificación».

Los municipios se quejan de que ya la primera «ley Tapia» imponía a los Ayuntamientos los PIPS, sin permitirles «apenas participación» ni «posibilidad de elección» de los mismos. A esto se añade ahora, con la «ley Tapia plus», su extensión «a los proyectos de la titularidad e iniciativa particular, en una adición que aumenta la duda de su justificación y legitimación desde el prisma del interés público y la doctrina constitucional dictada sobre el particular».

Por ello, Eudel asegura que «la extensión de estos proyectos a ‘otro tipo de proyectos’ nos genera desacuerdo y preocupación dado que, por su propia naturaleza, el empleo de una figura de estas características debe hacerse de manera totalmente excepcional».

Vulnera «clara jurisprudencia»

Las alegaciones de Eudel, aprobadas ayer, mantienen que la extensión de los PIPS a proyectos de iniciativa privada «exigiría una propuesta de redacción más garantista de la forma de llevar a cabo la ponderación y la valoración de los intereses locales y supralocales afectados».

La Asociación de Municipios sostiene que «los nuevos preceptos propuestos pueden ser contrarios a la autonomía de los municipios, especialmente en lo concerniente a los de iniciativa particular».

Y añade que con la redacción prevista actualmente por el Departamento de Arantxa Tapia, «se vulnera la clara y reiterada jurisprudencia que exige el empleo de procedimientos administrativos que garanticen la participación efectiva de los Ayuntamientos en cuanto instituciones democráticas completamente legitimas y legitimadas para hacer valer y defender los intereses de la comunidad local a la que representan».