Siguiendo lo previsto por la ley, la Justicia francesa aceptó ayer la petición de la defensa de Yvan Colonna y suspendió su condena por «motivos médicos». El preso independentista corso sigue debatiéndose entre la vida y la muerte tras ser brutalmente agredido el pasado día 2 por otro recluso en la cárcel de Arles.

La ley francesa prevé que una condena de cárcel puede quedar suspendida en caso de pronóstico vital grave, y el juez de aplicación de penas tomó la decisión tras la opinión favorable de la Fiscalía Antiterrorista.

«Es un alivio para la familia», dijo a la prensa uno de sus abogados, Sylvain Cormier, según el cual su cliente no depende ya de la administración penitenciaria.

La suspensión de su pena es, sin embargo, provisional, hasta que su estado de salud mejore, y llegado ese momento se puede contemplar un nuevo encarcelamiento.

Las autoridades corsas habían denunciado una dejación de las responsabilidades del Estado francés al no proteger a Colonna lo suficiente de los otros presos en la cárcel de Arles, donde el agresor ha sido imputado por «terrorismo».

Esa agresión desencadenó una oleada de protestas en Corsica por parte de los movimientos nacionalistas e independentistas y el anuncio se produjo en medio de la visita del ministro de Interior, Gérald Darmanin, a Corsica para calmar la situación con promesas sobre el futuro de la isla mediterránea

Palabra de Darmanin

Tras dos semanas de altercados, el Gobierno francés se felicitó ayer de la vuelta a la calma en Corsica, «aunque sea frágil», y señaló que si esta tendencia de estabilidad se prolonga se podrá negociar sobre las competencias locales, citando incluso explícitamente la «autonomía», y sobre otras demandas penitenciarias de las familias de presos corsos.

Darmanin manifestó estar dispuesto a firmar un documento que recoja por escrito la apertura del diálogo entre el Estado y los representantes corsos para acordar un «estatuto de autonomía», que podría requerir una reforma constitucional, antes de fin de año.

«La palabra del ministro de Interior compromete al Estado y lo que he reiterado al presidente de Córcega, a los partidos y a las fuerzas cívicas estoy dispuesto a firmarlo. Yo soy como los corsos, un hombre de honor, así que firmaré y comprometeré la palabra de la República para estas conversaciones», afirmó durante su segunda jornada de visita a la isla mediterránea.

El miércoles, el presidente corso, el autonomista Gilles Simeoni, saludó los «compromisos muy fuertes» expresados por Darmanin, pero deseó «verlos recogidos en un documento, con un calendario», receloso, tanto él como los partidos nacionalistas e independentistas y los sindicatos, de que todo quede en palabras.

 

Macron combina la promesa de pleno empleo con más gasto militar

Emmanuel Macron bajó ayer a la arena electoral para presentar su programa en un acto en el que no ha prescindido de la ventaja que le otorga su doble condición de presidente en ejercicio y líder de turno de la Unión Europea en el contexto de la guerra en Ucrania.

El candidato a la reelección dejó sentado que ya antes de que se desatara la guerra en Ucrania, su Gobierno había fijado en 40.900 millones de euros el gasto de defensa para 2022, lo que supone el 2% del PIB. No solo prometió redundar en ese esfuerzo y en el impulso a «un Ejército propio», sino que estimó que la sociedad debe compartir dicha tarea «a la luz de la guerra», por lo que se plantea que más jóvenes se incorporen al servicio cívico.

Apeló a extraer otras lecciones de la guerra, que desgranó con propuestas para garantizar «la soberanía alimentaria, energética y económica». Y anunció un plan para promover la agricultura «ecológica y de proximidad», y una mayor inversión en renovables, aunque defendió su plan de compensar el cierre de viejas centrales nucleares con construir, de partida, seis nuevos reactores.

Explicó que su política económica aspira «a una situación de pleno empleo» y corroboró que la reforma de pensiones que quedó en el tintero en su primer mandato será una realidad si sale elegido. Macron quiere retrasar la edad de jubilación a los 65 años, lo que ha provocado protestas en las calles.

Prometió una bajada de impuestos que afectará, entre otros, al de sucesiones y quiere ligar el cobro de la prestación social o RSA a la «realización de una actividad de 15 a 20 horas semanales tendente a buscar la reinserción laboral».GARA