Bukele anula derechos tras fracasar su guerra contra las pandillas

Nayib Bukele fracasó con su proyecto estrella. Su millonario Plan de Control Territorial resultó ineficiente para acabar con las pandillas en El Salvador. Miles de militares y policías patrullan las calles desde que asumió el poder en junio de 2019 si bien no impidieron que el pasado sábado se registraran 62 homicidios, la cifra más alta del siglo.

Nayib Bukele ha sido incapaz de admitir que ha incumplido su promesa de acabar con las maras, que llevan 30 años dedicándose a la extorsión y al crimen y causando miles de muertos cada año. En lugar de eso, ha aprovechado la mayoría con la que cuenta su partido en la Asamblea Legislativa para restringir derechos constitucionales con la excusa de la «guerra contra las pandillas». En plena madrugada del domingo, el Congreso aprobó, a petición suya, decretar el régimen de excepción, lo que se ha traducido en la suspensión de la libertad de asociación y reunión y del derecho de defensa. Además, una persona podrá estar detenida 15 días sin pasar a disposición judicial, frente a las 72 horas establecidas hasta ahora, al tiempo que el Estado podrá interceptar la correspondencia e intervenir las comunicaciones telefónicas.

Ninguna de estas restricciones de derechos acabará con las pandillas que irrumpieron en El Salvador a principios de los años 90 tras su nacimiento en Los Ángeles. Desde entonces, están incrustadas en barrios enteros de todo el país, donde someten a la población al pago de extorsiones a cambio de una supuesta «seguridad», que se traduce en muerte en caso de impago. Los anteriores gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se sucedieron en el país desde el fin de la guerra civil en 1992, tampoco acabaron con la violencia en el país centroamericano, sino que más bien la agravaron tras sus negociaciones fallidas con las pandillas.

Ningún gobernante encontró la tecla para que las pandillas depongan sus armas, por lo que la única salida que tiene la población para huir de la violencia es emigrar a otros países, sobre todo, a EEUU. Sin embargo, no todo el mundo tiene el dinero para pagar a un coyote y dejar atrás la tierra que lo vio nacer a cambio de 10.000 dólares para intentar lograr el «sueño americano».

Bukele, según desveló el diario digital El Faro, desde junio de 2019 también negoció con la pandilla Mara Salvatrucha, una de las más violentas del país, la reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios y de apoyo electoral en los pasados comicios legislativos de 2021, en los que su partido, Nuevas Ideas, logró la mayoría.

Al mismo tiempo que se llevaban estas supuestas negociaciones, Bukele mostraba al mundo cómo les quitaba privilegios a los miembros de las pandillas encarcelados publicando fotos de ellos semidesnudos y en condiciones de hacinamiento. Así, en 2020, tras la muerte de un soldado a manos de supuestos pandilleros, el presidente salvadoreño ordenó el «encierro total» en las cárceles y «ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, cero actividades y todos en sus celdas incomunicados hasta nueva orden».

Estas medidas, que ha vuelto a imponer ahora publicando vídeos de pandilleros encarcelados en calzoncillos y siendo arrastrados por el suelo y humillados por policías, de nada sirven en un país donde la Mara Salvatrucha y Barrio 18 se disputan los barrios a sangre y fuego reclutando a miles de niños, niñas y adolescentes que acaban convirtiéndose en sicarios y extorsionistas.

En lugar de ir al origen del problema y tratar de desarmar el país y ofrecer oportunidades y un futuro a los jóvenes para evitar que acaben en las pandillas, Bukele se ha dedicado en los últimos meses a recibir a multimillonarios inversionistas en criptomonedas. Todo ello después de que el 7 de setiembre de 2021 El Salvador se convirtiera en el primer Estado del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal.

Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue cebándose sobre este pequeño país de 6,5 millones de habitantes, a pesar de que Bukele vendía la idea de que hubo días con cero homicidios gracias a su Plan de Control Territorial con el que pretende derrotar «en tres o cuatro años» a las maras. Para ello, duplicará los efectivos de las fuerzas armadas hasta alcanzar los 40.000 soldados en cinco años. Sin embargo, en solo tres días, hubo 87 víctimas mortales que el presidente achacó a las pandillas. Esta situación provocó un recorte de los derechos constitucionales que se prolongará al menos durante un mes, llegando a bloquear las salidas de barrios enteros con cientos de policías que ya han detenido a 1.400 personas.

A Bukele no le importan las críticas y desafía a la comunidad internacional: «En El Salvador tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países y sáquenlos de esta persecución dictatorial y autoritaria». Al mismo tiempo, amenaza a las pandillas con que «paren de matar ya o los 16.000 homeboys en nuestro poder la van a pagar también».

El presidente se limita a imponer medidas populistas que recortan libertades a la población y que no evitarán que las calles sigan tiñéndose de sangre en una guerra silenciosa a la que nadie es capaz de poner fin.