La Haya acusa a Colombia de violar la soberanía marítima de Nicaragua

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) consideró válidas las denuncias de Nicaragua sobre la violación por parte de Colombia de su «soberanía y jurisdicción» con su permiso de pesca a buques colombianos y su «interferencia» con las tareas nicaragüenses de investigación científica marina en aguas de Nicaragua. El presidente colombiano respondió que no permitirá que el país centroamericano limite los derechos de su país en el mar Caribe.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó ayer que Colombia ha violado «la soberanía y la jurisdicción» de Nicaragua en su propia Zona Económica Exclusiva (ZEE) al autorizar actividades de pesca en aguas nicaragüenses, y ordenó a Bogotá «cesar de forma inmediata» su conducta tanto en lo que respecta a sus actividades de pesca en aguas nicaragüenses como a su interferencia en las operaciones de investigación por parte de Nicaragua en sus propias aguas.

Además, considera que «no se ajusta al derecho internacional consuetudinario» el decreto presidencial colombiano que estableció una «zona contigua integral» desde el continente hasta el archipiélago, en el que se omite la delimitación fijada por la CIJ en el fallo emitido el 19 de noviembre de 2012, por el que Colombia mantuvo la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los cayos que lo integran, y conservó doce millas náuticas del agua que rodea estos territorios, pero perdió con Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar.

El fallo de ayer de la CIJ es sobre una querella de Nicaragua por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, iniciada por el país centroamericano en 2013. Colombia contrademandó a Nicaragua ante la CIJ alegando que ese país «ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago, en particular de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales», pues quedaron fuera de las 12 millas náuticas estipuladas en el fallo anterior.

En respuesta a este fallo, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que no permitirá que Nicaragua limite los derechos de su país en el mar Caribe ni los de la comunidad raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia.

«Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto, continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia», dijo en una declaración al país desde la isla de San Andrés, acompañado por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la cúpula militar y policial y otras autoridades.

Añadió que buscará «la protección del medio ambiente marino y la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes y la lucha contra los delitos transnacionales en el área», que es otro de los argumentos de su país para que buques de la Armada naveguen en esas aguas. «Nuestra obligación es defender la soberanía de Colombia sobre el archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y defender de manera irrestricta y permanente a su población, así como defender los intereses de Colombia en el mar Caribe. Frente a esa responsabilidad no puede haber titubeos ni ambigüedades», enfatizó. Pese a que esta sentencia constituye un revés para el país, Duque valoró que «la Corte no aceptó la pretensión de Nicaragua de que Colombia fuera condenada a pagarle una indemnización y rechazó la pretensión de que el caso se mantuviera abierto hasta que Colombia cumpliera el fallo de 2012».