Un tribunal de la Junta Militar de Myanmar confeccionado a medida para juzgar a Aun San Suu Kyi y otros altos miembros electos del derrocado Gobierno civil condenó ayer a la derrocada líder civil y premio Nobel de la Paz a cinco años más de cárcel. Se trata de una nueva sentencia, la primera por corrupción, en medio de numerosas acusaciones en su contra.

Suu Kyi, que podría llegar a acumular penas de más de 180 años de cárcel de ser declarada culpable de todos los delitos por los que se le juzga, fue condenada por aceptar 600.000 dólares y 11,4 kilos de oro en sobornos del exgobernador de Rangún, Phyo Min Thein, quien testificó en su contra en octubre.

Esta pena, que se suma a los seis años de prisión a los que ya fue sentenciada tras ser encontrada culpable de cuatro delitos, es un nuevo varapalo para la depuesta Consejera de Estado, de quien el régimen militar solo ha ofrecido un par de fotografías desde que fue detenida en el marco del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y se desconoce dónde está recluida.

Suu Kyi, quien ya recibió dos condenas en diciembre y otras dos en enero por vulnerar las leyes contra la pandemia y de espionaje, todavía tiene que ser juzgada por al menos otros 10 presuntos delitos de corrupción.

Además, se le acusa de abusar de su posición para conseguir propiedades, apropiarse de fondos donados a una fundación que presidía para construir una residencia, y de la compra y alquiler de helicópteros, delitos penados con hasta 15 años.

Es acusada también de vulnerar la ley de Secretos Oficiales –hasta 14 años–, y por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre de 2020 –tres años–.

Las presuntas irregularidades en estos comicios son el argumento empleado por los militares, que ya gobernaron con puño de hierro entre 1962 y 2011, para justificar su golpe de Estado de 2021, que ha sumido a Myanmar en una profunda crisis política, social y económica e iniciado una nueva espiral de violencia.