Que hayan transcurrido diez años desde que “alguien-1” prestó a “alguien-2” miles de millones de euros sin que el primero sienta la necesidad de perseguir, ni legal ni moralmente, al segundo cuando este no ha devuelto ni la décima parte del préstamo, ni tiene intención de hacerlo, resultaría difícil de creer en el mundo financiero capitalista si no fuera porque, una vez más, la realidad supera a la ficción.

Lo que sucede es que, en este caso, el personaje “1” no es la banca privada -que prácticamente es la única que puede jugar el papel de prestamista clásico según nuestra experiencia cotidiana dentro del marco legal-, sino las arcas públicas del Estado español. Y el inri consiste en que, en este melodrama, la banca juega el rol del personaje “2”.

Según la nota informativa publicada por el Banco de España (BdE) en noviembre de 2019 sobre «ayudas financieras en el proceso de reestructuración del sistema financiero español» en el periodo 2009-2018, el famoso “rescate” ascendió a 64.098 millones de euros, de los que solo se habían recuperado hasta entonces 5.225 millones.

Desglosando estas cifras, la mayor parte del pastel la ha puesto el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -que, como se suele decir de Hacienda, “somos todos”-, con 54.353 millones prestados por solo 4.477 millones recuperados.

El resto ha corrido a cuenta del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (FGDEC), con 9.745 millones prestados por apenas 748 millones recuperados. Este está integrado por todas las entidades financieras -bancos, cajas de ahorro y cooperativas- y es el que, como indica su nombre, actualmente garantiza que, en caso de quiebra de una de ellas, la personas que tuvieran un depósito lo recuperarán, con un límite de 100.000 euros por cada titular.

Retrocediendo hasta el 9 de junio de 2012, fue aquel día cuando Luis de Guindos,

por entonces ministro de Economía, anunció la decisión de Bruselas de garantizar una ayuda de hasta 100.000 millones de euros al Estado español con el objetivo de sanear un sector financiero que se hundía en las turbulentas aguas de la crisis financiera global que siguió al estadillo de la burbuja inmobiliaria en 2008. Una burbuja que, a escala local, habían contribuido a inflar a pleno pulmón tanto la banca privada como los sucesivos gobiernos que se subieron a una de las olas más vertiginosas impulsadas por el neoliberalismo: la “política del ladrillo”.

Invertir en el sector inmobiliario sin ton ni son se puso tan de moda que, cuando las aguas bajaron, quedaron al descubierto operaciones tan incomprensibles como las que habían llevado a Kutxabank a acumular unos 2.000 millones en este tipo de activos “tóxicos”, si bien el paquete más gordo correspondía a la recién absorbida Caja Sur (600 millones de euros), a los que sumaban los de Kutxa (450 millones), BBK (240 millones ) y Vital (180 millones).

No obstante, Kutxabank fue el primer grupo financiero del Estado que dio un paso atrás para abandonar la zona de mayor riesgo del sector del ladrillo, como anunció a finales de 2014. Y no entró como grupo en el listado de deudores del FOREB, donde sí aparece Caja Sur, que recibió 800 millones en concepto de “capital e híbridos”, que fueron recuperados en su totalidad por el Estado, y otros 392 millones como “Esquemas de Protección de Activos” (EPA), que seguían adeudándose en el balance recogido en la nota informativa del BdE de 2019.

La entidad que ha engullido más ayudas públicas en forma de capital ha sido BFA-Bankia,

con 22.400 millones de euros; seguida por Catalunya Banc, con 12.500 millones; y Nova CaixaGalicia, con 9.400 millones. Entre los tres suman 44.300 millones de euros, más del 80% del total de lo prestado por el FOREB.

Y, precisamente, son esas tres entidades las que, diez años después, acumulan las mayores deudas con el FOREB o, dicho de otro modo, las que en la práctica han recibido más ayudas estatales “a fondo perdido” porque no hay visos de que puedan recuperarse: 14.509 millones de euros de BFA-Bankia, 11.817 millones de Catalunya Banc y 8.621 millones de Nova CaixaGalicia. También cabe incluir en este podium al Banco de Valencia, con un debe de 6.103 millones.

En cuanto a la parte del rescate que asumió el Fondo de Garantía de Depósitos, la mayor tajada se la llevó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con 12.474 millones de euros, de los solo se han recuperado 16 millones. No es casualidad que esta entidad estuviera afincada en el País Valencià -con sede social en Alacant-, sobre cuya costa se habían levantado paradigmáticos emporios de ladrillo con pies de barro. De hecho, el Banco de España intervino y nacionalizó la CAM en julio de 2011. Después de recibir más de 5.000 millones en ayudas del FGD fue adquirida por el Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Las razones con las que se justificaron estas operaciones varían mucho

según el intérprete. El Eurogrupo -los ministros económicos de los Estados miembros de la UE que han adoptado el euro- decidió que la «inestabilidad monetaria», que había sido provocada por la consciente falta de regulación que infló la burbuja financiera, no podía seguir mermando la «sostenibilidad de la deuda pública» y que, a esas alturas, podían dejarse de lado los hasta entonces “inamovibles” principios del neoliberalismo para dar paso a la hasta entonces denostada intervención estatal.

En este décimo aniversario, el presidente de Adicae (asociación de usuarios de bancos), Manuel Pardos, ha vuelto a resaltar que fueron los consumidores quienes, después de haber soportado «la triste historia de la banca española en el siglo XXI», rescataron a un sector «que, en principio, no se lo merecía».