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Bruselas da dos meses de plazo a Londres para cumplir el Brexit

La Unión Europea ha activado acciones jurídicas contra Gran Bretaña por incumplimientos del acuerdo del Brexit y le ha dado dos meses de plazo para que desista de modificarlo de forma unilateral. A la vez, propuso negociar una reducción de la burocracia aduanera que Londres desestimó, considerando decepcionante la reacción de Bruselas.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, presentó las acciones legales de la Comisión Europea. (John THYS | AFP)

La Comisión Europea ha dado dos meses de plazo al Gobierno británico para que dé marcha atrás en su decisión de saltarse lo pactado en el acuerdo del Brexit. De lo contrario, le llevará ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE).

Es la primera respuesta concreta que Bruselas da después de que el primer ministro británico, Boris Johnson, activara el lunes el proceso parlamentario para aprobar una ley que modifica unilateralmente lo pactado para el norte de irlanda en el acuerdo del Brexit.

«La violación de los acuerdos internacionales no es aceptable», afirmó el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de las Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic. Añadió que no hay «ninguna justificación legal o política para cambiar de forma unilateral un acuerdo internacional» y remarcó que no duda de que lo que ha hecho Londres es ilegal.

El Ejecutivo comunitario va a reactivar, por un lado, un procedimiento de infracción contra Londres que había lanzado y congelado en marzo pasado y, por otro, va a poner en marcha dos nuevos expedientes, sin descartar medidas adicionales

El proyecto de ley británico prevé eliminar la jurisdicción del TJUE sobre las disputas referidas al norte de Irlanda, contempla la creación de un «carril verde» que eximiría de controles aduaneros a los bienes procedentes de Gran Bretaña destinados al consumo en el norte de Irlanda y mantendría un «carril rojo» reservado para los productos dirigidos a la República de Irlanda, integrada en el mercado único comunitario. Para la Comisión Europea es «legalmente inconcebible» que Gran Bretaña decida qué tipo de bienes pueden entrar en el mercado único, recalcó el vicepresidente Sefcovic, tras subrayar que los Estados miembros no van a renegociar todo el protocolo acordado hace dos años.

Pero, a la vez, Bruselas se ha avenido a matizar su implementación y a reducir hasta un 50% la burocracia aduanera, sin modificar la letra del tratado.

Por ejemplo, plantea establecer un «carril rápido» con procedimientos aduaneros «drásticamente reducidos y simplificados en una escala sin precedentes».

Pese a todo, el Gobierno británico consideró decepcionante que la UE active acciones legales contra Gran Bretaña. «La preferencia del Reino Unido continúa siendo una solución negociada», señaló el Ejecutivo británico, que considera que las medidas que puso sobre la mesa la Comisión para suavizar la implementación del protocolo norirlandés «son las mismas que llevamos meses discutiendo y no solucionarían los problemas».

«La UE continúa insistiendo en que no quiere cambiar el protocolo, así que estamos obligados a actuar por nosotros mismos para cambiar las partes que están causando problemas», insiste Londres.

Johnson mantiene su plan de deportaciones a Rwanda

El Gobierno de Boris Johnson se muestra decidido a deportar a inmigrantes a Rwanda, a pesar del golpe de última hora a este plan por parte de la Justicia europea. Cuando el primer vuelo, más cargado de simbolismo para marcar la determinación de Londres que de solicitantes de asilo, estaba listo para despegar la noche del martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dejó el aparato en tierra, atendiendo a la demanda de un iraquí para que se revise la legalidad de su caso. Pero la decisión del TEDH no ha cambiado los planes del Ejecutivo conservador. La intervención de Estrasburgo «fue decepcionante y sorprendente», afirmó la ministra del Interior, Priti Patel, que añadió que «ya han comenzado los preparativos para los próximos vuelos». Electos tories lo ven como un ataque a la soberanía británica y pidieron el abandono de la Convención Europea de Derechos Humanos. GARA