Los civiles rechazan la oferta de la junta militar golpista de Sudán

El principal bloque civil de Sudán rechazó la propuesta del general golpista Abdelfatah al-Burhan de dar paso a un Gobierno civil. Denuncia una «retirada táctica» destinada a mantener el control político y económico del país en manos del Ejército, y aliviar la presión internacional. Por ello, mantiene las movilizaciones contra la junta militar.

Las Fuerzas para la Libertad y el Cambio (FLC), columna vertebral del Gobierno civil que expulsó el golpe del 25 de octubre de 2021, llamaron a continuar la movilización contra el poder militar en la sexta jornada de protestas antigolpistas, a pesar de la propuesta de la junta militar para ceder el poder.

Su anuncio de dar paso a un Ejecutivo civil -de hecho, un retorno al statu quo anterior al golpe- no convenció a la calle, que levantó nuevas barricadas justo después del discurso del general Abdelfatah al-Burhan el lunes por la noche.

El bloque civil considera que la propuesta del Ejército -que en realidad ha gobernado Sudán casi sin interrupción desde la independencia en 1956- no es sino una maniobra para mantener el control de la política y la economía.

Porque Al-Burhan anunció que junto al Gobierno civil se sentaría un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas cuyas prerrogativas no definió y que los opositores temen que suponga un tutelaje para mantener una dictadura con fachada civil.

Durante la revuelta que derrocó al dictador Omar al-Bashir, en 2019, los manifestantes mantuvieron sus sentadas durante ocho meses. Lograron entonces que el Ejército compartiera el poder con los civiles de la FLC para conducir al país hacia sus primeras elecciones democráticas.

Pero el golpe liderado por el general Al-Burhan cambió brutalmente la situación el pasado octubre.

Para Kholood Khair, especialista en Sudán del centro Insight Strategy, con el país privado de ayuda internacional desde el golpe y atrapado por una devaluación exponencial y una inflación de más del 200%, Al-Burhan trata de trasladar la presión a los civiles mientras mantiene los privilegios económicos de militares y paramilitares. Los militares son dueños de muchos negocios que van desde la cría de aves de corral hasta la construcción, en un país donde el 80% de los recursos escapan al control del Ministerio de Hacienda.

El Ejército tendría las manos tanto más libres cuanto que ha reintegrado en sus funciones a los islamistas del régimen de Al-Bashir que expulsó el Gobierno civil destituido por el golpe, asegura Khair.

La movilización opositora reclama, además, justicia por los 114 muertos y miles de heridos en la represión al movimiento prodemocrático, lo que el general ni se plantea.

«Queremos que (Al-Burhan) sea juzgado por todos los que han muerto desde el golpe», señalaba Umeima Hussein en una manifestación el lunes. Al igual que cientos de personas, permaneció en las calles a pesar de los intentos de las fuerzas de seguridad por dispersarlas. «No confiamos, solo queremos que se vaya de una vez por todas», señaló Mohannad Otman, encaramado en una barricada de Jartum.

El general Al-Burhan intenta calmar la tensión con Etiopía

Coincidiendo con la oferta lanzada a la oposición civil, el líder de la Junta Militar sudanesa, Abdelfatah al-Burhan, se reunió ayer con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, durante una cumbre regional en Nairobi, donde ambos se comprometieron al «diálogo y a la resolución pacífica de los problemas pendientes» después de una reciente escalada de tensión militar entre los dos países.

Jartum acusa a Etiopía de capturar y ejecutar a siete soldados y un civil sudanés en territorio etíope el pasado 22 de junio. Según Addis Abeba, sin embargo, se trató de un enfrentamiento entre el Ejército sudanés y una milicia local.

Las tensiones entre Sudán y Etiopía han aumentado por el conflicto en la región etíope de Tigray y la construcción por Addis Abeba de una gran presa en el Nilo Azul. A su vez, Ahmed lidia con sus propias crisis internas. Además del conflicto de Tirgay, el último episodio es la acusación contra rebeldes oromo de la muerte de más de 300 personas. GARA