El cártel de la construcción sigue intacto

El 7 de julio la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a seis grandes constructoras por haber formado un cártel durante más de 25 años para repartirse las licitaciones de obra pública del Estado español. Un buen ejemplo del poder de este cártel es que quince de los diecisiete tramos que conforman el ramal guipuzcoano del TAV, gestionado por el Gobierno de Lakua, han sido construidos por estas compañías. Otra más fue imputada por sobornar a directivos de empresas públicas. Considerando el poder acumulado y el tiempo que funcionó el cártel, la multa de 203,6 millones resulta irrisoria. Es un pequeño coste añadido que no altera la rentabilidad del delito.

Por su tamaño, estas grandes constructoras son oligopolios con poder suficiente para alterar el mercado y lograr beneficios extraordinarios que, en el caso de la obra pública, ha terminado pagando la ciudadanía en forma fundamentalmente de sobrecostes. Seguramente, también habrá un extenso catálogo de infraestructuras innecesarias sugeridas directamente por el negocio de la construcción, como el TAV. Si a ese poder para alterar el precio de las cosas propio de un oligopolio se une la formación de un cártel en el que las compañías implicadas acuerdan todos los extremos de las obras a realizar, esa conducta no tiene absolutamente nada que ver con la actividad empresarial y se parece peligrosamente a la de una organización criminal. La gravedad de las actuaciones de este cártel deberían ser objeto de pronunciamientos públicos claros de los responsables políticos implicados. En el caso vasco, las uniones temporales que ganaron los concursos del TAV sugieren que otras constructoras de ámbito regional o local podrían haber participado en el reparto.

Si realmente hubiera interés en que el mercado basado en la libre competencia fuera el que estableciera cuáles son las mejores ofertas, las autoridades competentes deberían haber disuelto las estructuras que han participado en actividades ilegales, para posteriormente trocearlas. Empresas más pequeñas, sin capacidad para dominar el mercado, mejorarían sensiblemente la eficiencia social.