Los derechos de los supervivientes de Nador-Melilla siguen siendo violados

En el relato oficial las personas que murieron en la masacre de Nador-Melilla el pasado 24 de junio son una masa sin historias ni nombres. Sin embargo, las comunidades migrantes llevan años contando la frontera con historias que hablan de derechos humanos. Caminando Fronteras ha recogido sus voces en un informe elaborado en terreno.

Tras dos meses de represión en los asentamientos en el bosque, el viernes 24 de junio se decidió una huida hacia adelante. Así, en grupo, unas 1.800 personas se dirigieron a la valla entre Nador y Melilla en la zona de Beni Enzar. Los militares habían cargado de nuevo y les perseguían.

«No todas llevaban palos, algunos, como yo, solo las piernas para correr. Pero entiendo que después de este tiempo tal vez un palo te pueda salvar la vida. Creo que éramos conscientes de que nos matarían, habíamos sentido que pasarían ese límite durante la semana, que ya no estábamos seguros en ningún lugar. Morir o vivir porque no había otra salida», relata una de las víctimas supervivientes entrevistadas por la organización Caminando Fronteras.

Eran personas de Sudán, Sudán del Sur, Chad, Mali, Yemen, Camerún, Nigeria, Senegal, Níger, Guinea Conakry, Burkina y Liberia. La comunidad mayoritaria era la sudanesa, que suponía más del 80% de las que intentaron llegar a la valla entre Marruecos y el Estado español.

«Violencia coordinada»

Según el informe de la ONG, fruto de semanas de labor en el terreno, desde las 8.00 hasta las 14.00 hubo enfrentamientos entre migrantes y militares. Unos llevaban piedras, palos, desesperación y angustia; los otros usaron drones, cámaras de vigilancia, material antidisturbios, gases lacrimógenos y balas de fuego real.

«No se desplegó ninguna forma de ayuda coordinada entre ambos países para las personas que estaban justo en la frontera sufriendo los efectos de un tapón y estampida generado por las maniobras de los militares. Al contrario, según los testimonios, las fuerzas marroquíes pasaban con sus botas por encima de los cuerpos caídos en el suelo», denuncia la organización por los derechos de las personas y comunidades migrantes.

«La violencia coordinada que se utilizó aquel día acabó produciendo al menos 40 muertes y centenares de heridos de diversa consideración».

Junto con el estado español

Según Caminando Fronteras, el cerco en el que se encontraron los refugiados se hizo más letal por efecto de la entrada de militares marroquíes en territorio de Melilla. Allí, «codo a codo con las fuerzas de seguridad españolas, pudieron continuar atacando para ejecutar devoluciones en caliente a Marruecos. Dichas prácticas fueron aplicadas por fuerzas de seguridad españolas y marroquíes, que se coordinaron entre ellas para poder llevarlas a cabo».

Según los testimonios orales y visuales aportados por los supervivientes, el Estado español expulsó a Marruecos el 24 de junio a decenas de potenciales refugiados y a menores de edad. Se materializaron las devoluciones a pesar de las escenas de las que las autoridades españolas estaban siendo testigos y que mostraban en directo las torturas, tratos inhumanos y degradantes que los refugiados estaban sufriendo, denuncia la ONG.

«Las autoridades españolas, testigos de los hechos, usaron la información sobre lo que estaba pasando para apoyar las estrategias militares de represión usadas por Marruecos. Sin embargo, ninguno de los dos países activó colaboración para llevar ayuda y asistencia a las víctimas y con ello mitigar el impacto terrible de la tragedia», censura.

«Así, las personas heridas, muertas, exhaustas, rotas por el dolor y el miedo, pasaron hasta ocho horas en el suelo bajo un sol de justicia y recibiendo golpes».

Los que tuvieron más suerte recibieron asistencia médica por las heridas, aunque lo que pasó dentro de los centros hospitalarios sigue siendo una incógnita porque la Policía marroquí bloqueó el acceso a las instalaciones de organizaciones sociales y familiares de las víctimas.

Caminando Fronteras tiene muchas preguntas sin responder: «¿Qué criterios médicos se usaron para decretar el desplazamiento de algunos heridos y no de otros? ¿Qué asistencia recibieron y cuándo? ¿Han tenido un apoyo para operaciones y tratamientos médicos? ¿Pudieron contactar con sus seres queridos? ¿Por qué y de qué murieron aquellos que lo hicieron en los hospitales? ¿Hablaron con sus familias antes de morir?».

Por otra parte, 65 personas han sido imputadas

por delitos relacionados con sucesos producidos durante los días 23 y 24 de junio. Las detenciones han dividido a los encausados en dos grupos. Uno de ellos está acusado de delitos graves en el Tribunal de Apelación de Nador y se enfrentan a penas que pueden ir hasta los 20 años. El resto están siendo enjuiciados por facilitar la entrada y salida clandestina de personas hacia Marruecos, entre otras acusaciones. Todos los migrantes se encuentran en prisión preventiva y están siendo defendidos por abogados de colectivos sociales.

El resto de personas sufrieron desplazamientos forzosos internos dentro del país, despojados de absolutamente todo y abandonados a su suerte.

Caminando Fronteras, además, documentó 132 personas deportadas a la frontera con Argelia, en una zona conocida como tierra de nadie.

La organización destaca en su documentación que los derechos de las víctimas supervivientes y sus familiares no solo fueron violentados el día 24 sino que siguen siendo vulnerados, en una revictimización constante.

«La falta de transparencia ha impedido a las organizaciones y familiares tener acceso a las personas fallecidas para proceder a su identificación. No se ha podido saber si se han efectuado autopsias. Por lo tanto, no solo se ha violado su derecho a la vida, sino también los derechos que asisten a las personas muertas y sus familias: ser identificadas, saber la verdad sobre las causas de las muertes, ser enterradas con dignidad».

Durante cuatro misiones humanitarias en las que se han acompañado hasta el momento de finalizar esta crónica a 862 personas en diferentes ciudades, el equipo de defensoras de derechos ha proporcionado asistencia sanitaria a personas heridas, así como kits de alimentos, higiene, ropa y zapatos.

Además, ha elaborado junto a las víctimas un listado de personas desaparecidas que están siendo buscadas por sus familias y comunidades. Y ha obtenido testimonios para poner los derechos de las víctimas y de los supervivientes en el centro del relato.

«Nos hemos encontrado frente a una verdadera crisis humanitaria

que las autoridades de Marruecos han querido esconder con el apoyo político del Gobierno del Estado español», resaltan.

El 80% de las personas atendidas sufrieron heridas de diversa gravedad y consideración el 24 de junio. La mayoría de las lesiones se produjeron por golpes y violencia: fracturas en piernas, brazos y cabeza aparecían en los cuadros clínicos. También cuadros físicos y mentales asociados a situaciones de estrés postraumático. Fueron «reducidos a la nada». Según sus testimonios, los militares les robaron lo poco que les quedaba: teléfonos, dinero, incluso los zapatos para que no pudiesen andar.

El 30% de quienes resultaron heridos en la masacre son menores de entre 15 y 17 años. Y un 5% son niños con edades entre los 11 y 14 años.

Caminando Fronteras subraya que las personas de la comunidad sudanesa sufren una persecución especialmente dura, pero son conscientes de sus derechos como refugiadas. «Tienen una fuerte conciencia colectiva y junto a otras nacionalidades se organizan para compartir un discurso donde son protagonistas», resalta.

Ocho personas ahogadas de camino a Canarias

Las autoridades de Marruecos confirmaron ayer el hallazgo de los cadáveres de ocho personas que se ahogaron tras hundirse la embarcación en la que viajaban en el océano Atlántico frente a las costas de Tarfaya, intentando, al parecer, llegar a las islas Canarias.

Las autoridades provinciales de Tarfaya indicaron que el suceso tuvo lugar frente a las costas de la comuna de Ajfenir, sin que por el momento hubiera detalles sobre la identidad y origen de los fallecidos, tal y como recogió la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Asimismo, las autoridades llevaron a cabo una operación en la zona que se saldó con la detención de 18 de los migrantes que iban a bordo de la embarcación siniestrada, todos ellos de países de Africa subsahariana. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del hospital de El Aaiún.

Por otra parte, más de 1.000 personas, entre ellas un bebé de 20 días, fueron rescatadas en el Mediterráneo Central en los últimos días por los barcos humanitarios Sea Watch, Ocean Viking y Geo Barents. Esperaban un puerto seguro para desembarcar, mientras aumentaban las llegadas de migrantes por sus propios medios a las costas italianas. Desde el fin de semana se contaron cerca de 2.000 personas.

Después de las últimas operaciones, el barco de la ONG alemana Sea Watch navegaba con 439 náufragos, mientras el Ocean Viking, de la organización francesa Sos Méditerranée, llevaba a bordo 387 y el Geo Barents, de Médicos Sin Fronteras (MSF), 209, informaron en redes sociales. «Todos merecen estar seguros y nuestro equipo continuará brindando asistencia a las personas en peligro», afirmaron.

SOS Méditerranée pidió insistentemente un puerto a las autoridades europeas tras su último salvamento. «Muchos están exhaustos y muestran signos de angustia emocional después de pasar más de 10 horas en el mar», subrayó. GARA