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EDITORIALA

Cuidado de mayores: sin ánimo de lucro y público


No es cuestión de echarse los muertos a la cara, ni de dilucidar si ciertas decisiones condujeron a una «masacre» o a una «hecatombe». Por otra parte, es entendible el deseo de pasar página, con las lecciones bien aprendidas, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en los primeros meses de la pandemia en las residencias con las personas ancianas. Se ha dejado atrás lo peor, pero las cicatrices perduran, y la memoria de ciertas decisiones crueles e injustas para con nuestros mayores no se ha desvanecido. En todo esto, hay una primera evidencia incontestable: el sistema vasco de cuidados de larga duración para nuestros ancianos no estaba preparado para resistir una pandemia. Y una segunda igualmente innegable: décadas de recortes y privatizaciones agravaron el impacto del virus en las residencias y aumentaron su mortalidad.

Así lo demuestra un informe elaborado por el Órgano Estadístico Específico de la Dirección de Servicios del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno de Gasteiz, que no ha sido presentado en público pero al que ha tenido acceso GARA. El virus mató a más personas ancianas en los centros en los que había menos trabajadores por cada residente. En otras palabras, el ratio de trabajadores por residente y que los centros contasen o no con asistencia médica influyó en la pérdida o en la salvación de vidas. Es difícil estimar cuántas muertes podrían haberse evitado, pero no se trata de unos trágicos fallos que se han producido con o durante la pandemia. No, vienen de lejos, provocados esencialmente por los recortes en sanidad y la prioridad de buscar un negocio fácil a costa de nuestros abuelos y abuelas.

Una sociedad que se dice civilizada y moderna no puede permitirse basar el cuidado de sus mayores sobre un modelo marcado por la falta de financiación pública y la entrada de empresas con ánimo de lucro que buscan ajustar los costes y el servicio para optimizar unos millonarios beneficios. Esa política ha sido concertada en este país desde intereses cruzados entre lo público, dirigentes de ciertos partidos y compañías del sector. Y en la pandemia, fue una política mortal.