El Gobierno español dio el visto bueno al anteproyecto de ley de secretos oficiales que cuando sea aprobado sustituirá a la actual norma que fue ratificada nada menos que en 1968. Entre otras cuestiones, la norma franquista vigente no establece plazos y deja en manos del Consejo de Ministros la desclasificación de la información secreta, una prerrogativa que los sucesivos gobiernos españoles apenas han utilizado: ocho desclasificaciones en 54 años.

La propuesta del PSOE aprobada ayer, sin embargo, tampoco mejora sustancialmente la norma vigente. Establece unos plazos, sí, pero son tan largos que los documentos clasificados como «alto secreto» podrán no ver la luz hasta 65 años después, de modo que toda la información relacionada, por ejemplo, con los GAL y la guerra sucia del Estado en Euskal Herria continuará lejos del escrutinio público hasta dentro de un cuarto de siglo. Además, son plazos «revisables». Una norma así no busca salvaguardar información sensible para la seguridad o la defensa del Estado o la identidad de sus espías, razones que habitualmente se aducen para mantener el secreto. Dilatar en el tiempo el carácter secreto de la información indica claramente una voluntad de ocultar los delitos y proteger a los autores de las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado. De lo que trata es de asegurar la impunidad de todos aquellos que se han movido en las cloacas del Estado y de sus superiores que lo autorizaron, organizaron y financiaron. La impunidad cierra el camino a la verdad y a la justicia, y es una invitación del Estado a actuar al margen de las normas y del respeto a los derechos humanos, con lo que se está dando el primer paso para la repetición.

Las pequeñas mejoras del anteproyecto de ley de secretos oficiales no ponen fin a la impunidad. Los secretos de la guerra sucia seguirán bajo llave, con lo que se cierra la puerta a la verdad y la justicia que las víctimas del franquismo y de la guerra sucia reclaman, dejando además un peligroso resquicio a la repetición. La propuesta pone de manifiesto, una vez más, la escasa voluntad del PSOE de aportar a la construcción de la democracia, la paz y la convivencia.