El 4 de septiembre de 2022, el pueblo chileno votará el proyecto de una nueva Constitución del Estado. Su elección será aprobar la entrada en vigor de la nueva Constitución, o seguir aplicando la de 1980 redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Un voto a favor de la Constitución de Pinochet de 1980 sería un voto a favor de la continuación del orden económico y social establecido durante la dictadura militar. Fue redactada en los años 70 por un pequeño grupo de expertos neoliberales y de la derecha radical, excluyendo a la ciudadanía y cualquier otra forma de participación democrática.

En el transcurso de la democratización formal, entre 1989 y 2005, se eliminaron algunas disposiciones: las prohibiciones de actividad política y sindical que afectaban sobre todo a la izquierda; ciertos privilegios de los militares; miembros del Senado no legitimados democráticamente. Pero la Constitución económica neoliberal instalada bajo Pinochet en particular permaneció esencialmente intacta.

Chile es probablemente el único país en el que la privatización del agua está constitucionalmente asegurada (Art. 19 Nº 24 Constitución 1980). En la práctica, el cultivo de aguacates goza de prioridad constitucional sobre el agua suficiente para las personas. Resulta especialmente problemático que el Estado esté subordinado al sector privado. Esto significa que la educación, la sanidad, el sistema de pensiones y otros servicios sociales están sujetos a los intereses del mercado, con una disparidad extrema que impide a los sectores más pobres de la población participar en la sociedad.

Los juristas chilenos señalan con razón que la Constitución de 1980 es una especie de "constitución tramposa". Antes de la democratización, las decisiones importantes relativas al sistema de salud, al sistema de pensiones y a otros sistemas sociales esenciales y a la economía, fueron preteridas por las llamadas leyes constitucionales, que sólo podían ser modificadas mediante el consenso de los grupos políticos.

La dictadura consagró así una decisión a favor de un estado neoliberal, y las decisiones sistémicas básicas quedaron "protegidas" de la democracia. La Constitución de 1980 se inscribe en la tradición del colonialismo latinoamericano, que sólo pudo desarrollarse plenamente en Chile después de que los colonizadores, originarios de Europa, se separaran de la casa real española y se independizaran. Sus descendientes son la gran mayoría de la población.

Al once por ciento restante de la población se le sigue negando la autodeterminación para la administración de sus territorios o la autoorganización política y cultural. En cambio, la resistencia indígena contra la destrucción de los bosques del sur de Chile (Auraucanía) ha sido reprimida por los militares con la ayuda de las normas constitucionales de emergencia de la dictadura pinochetista.

El nuevo proyecto de constitución, que se remonta al Estallido Social, el levantamiento del 18 de octubre de 2019, se apartará claramente de este camino.

El estado subsidiario será sustituido por un estado constitucional social y democrático. La nueva Constitución se concretará en un amplio marco de derechos fundamentales y humanos, entre ellos el derecho al agua potable suficiente, en consonancia con los avances latinoamericanos y mundiales en materia de derechos humanos. El principio de la democracia se consagrará de forma ejemplar, especialmente en lo que respecta a la justicia de género, también para el desarrollo jurídico mundial. Por primera vez, las instituciones garantizarán una igualdad de género sustancial.

El Estado centralista-colonial será sustituido por un Estado plurinacional, más regionalizado. Los pueblos y comunidades indígenas tendrán amplios derechos de autoorganización. Esto no pondrá fin automáticamente a siglos de opresión, despojo y explotación. Pero la participación de la población indígena en la redacción de la Constitución, por ejemplo a través de la primera presidenta indígena de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, muestra el camino de la participación en pie de igualdad.

Esto se verá reforzado por el reconocimiento de las demandas indígenas, como los derechos subjetivos de la naturaleza, o el principio constitucional del Buen Vivir como principio constitucional indígena de convivencia entre las instituciones del Estado, las personas y la naturaleza.

Por lo tanto, el ELDH está del lado de los demócratas chilenos en la lucha por la nueva constitución. El voto a favor de la nueva Constitución será una inspiración para los miembros del ELDH y para todos los demócratas de Europa.