Miles de rohinyás salieron de sus tiendas de campaña y chozas en los campos de refugiados de Bangladesh para exigir un regreso seguro y digno a Myanmar, país que tuvieron que abandonar en masa tras una brutal ofensiva del Ejército birmano que redujo 300 pueblos de esa comunidad a cenizas en el estado de Arakan (oeste), y de cuyo inicio se cumplieron ayer cinco años.

Los rohinyás pidieron hacer valer sus demandas, que incluyen justicia por las atrocidades cometidas por el Ejército birmano en agosto 2017, cuando una ola de persecución y violencia tras varios ataques de la resistencia armada a la opresión del régimen provocó el exilio de 774.000 a Bangladesh. Otros 100.000 habían buscado refugio en este país en anteriores persecuciones.

Mayoritariamente musulmanes, volvieron a exigir la derogación de una ley birmana de 1982 que les priva del derecho de ciudadanía en su propio país, de mayoría budista y gobernado con mano de hierro por una junta militar.

Cinco años después, ya son cerca de un millón de miembros de esta discriminada minoría los que malviven en los masificados campamentos en Cox's Bazar, el mayor campo de refugiados del mundo, en el sureste de Bangladesh, sin poder volver a sus hogares. «Queremos que Bangladesh y la comunidad internacional apoyen y trabajen por nuestro regreso con justicia y derechos», se leía en una pancarta en una de las protestas más multitudinarias, en Ukhiya.

Obligados a residir en improvisadas chozas y sin poder salir de los campamentos, algunos en áreas en alto riesgo de sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra, MSF ha alertado de que la situación sanitaria es insoportable. Los casos de disentería se han doblado en tres años y las infecciones cutáneas se han multiplicado exponencialmente. Los campos son escenario de incendios frecuentes, como el que en 2021 segó 15 vidas. La criminalidad campa por sus respetos y líderes comunitarios han muerto en atentados.

Bangladesh, que rechaza a estos exiliados por razones «medioambientales, sociales y económicas», ha forzado hasta ahora dos intentos de repatriación de refugiados a Myanmar sin garantía alguna de seguridad. Recientemente, Dacca ha trasladado a 30.000 refugiados a Bhashan Char, un islote desierto y con unas condiciones de vida inhumanas, en el golfo de Bengala. “Suficiente es suficiente; Queremos que la CPI (Corte Penal Internacional) lleve a los perpetradores a rendir cuentas; Genocidio nunca más”, rezaba otro cartel.

Conmemorado como el Día del Genocidio por los rohinyás, muchos de ellos rompieron a llorar al recordar el horror que vivieron durante la represión policial y a las víctimas que dejó a su paso.

En marzo, EEUU calificó por primera vez de genocidio las masacres de rohinyás perpetradas por el Ejército birmano.

Décadas de acoso contra una minoría apátrida

El acoso a la minoría rohinyá en Myanmar viene de lejos. «Todos los años, se daban nuevas órdenes. Los que no cumplían eran arrestados. A pesar de todo, podíamos votar. Elegíamos a los miembros que participaban en las sesiones parlamentarias. Luego, en 2015, nos quitaron incluso el derecho a votar», recuerda Razi (nombre cambiado), antiguo funcionario del Ministerio de Interior, que perdió la ciudadanía en 1982 por una ley.

Myanmar sometió durante años a los rohinyás a un régimen de apartheid por considerarlos inmigrantes ilegales de Bangladesh, a pesar de que han vivido durante siglos en el estado de Arakan, en el oeste del país. 100.000 de ellos ya habían huido a la vecina Bangladesh por persecuciones anteriores a la que se conmemoró especialmente ayer, «aunque la recordamos y lloramos todos los días».GARA