Un vistazo a la evolución de la sanidad privada durante la última década en Hego Euskal Herria muestra negro sobre blanco el avance de la iniciativa privada en un campo de interés público innegable como es la salud. Además, los datos arrojan la evidencia de que no se trata de un fenómeno coyuntural provocado por la pandemia, sino que estamos ante una tendencia que viene de atrás y a la que se intuye un largo aliento.

En apenas diez años, las personas con un seguro privado en Hego Euskal Herria han aumentado un 17%. En la CAV, más de una de cada cinco personas tiene uno; en Nafarroa son la mitad, pero en solo una década el número casi se ha duplicado. La situación no es la mejor para la sanidad pública, pero lo que más preocupa es la tendencia. No es difícil intuir el efecto de los recortes que siguieron a la crisis de 2008 en este aumento de los seguros privados. Eso ayuda a enfocar la cuestión como es debido: son las decisiones políticas y económicas de los gobiernos las que siembran el camino o cierran el paso a la iniciativa privada. Lo que ocurre con los médicos y otros profesionales del sector da una pista al respecto. Desde Lakua e Iruñea se insiste en que faltan profesionales para poder ampliar plantillas, pero se obvian cuestiones como la alta interinidad, el diseño de OPEs y la inestabilidad generalizada. El resultado es que cada vez más médicos parecen optar por la privada: en 2012 contaban con 2.797 facultativos en sus plantillas, mientras que el año pasado eran ya 4.736.

En contra del perverso argumentario de los responsables y apologetas de la sanidad privada, que el aumento de su actividad permita un ahorro a las arcas públicas no es una buena noticia. Nótese para empezar la diferencia: ellos invierten, las administraciones públicas gastan. Lo que ocurre en la realidad es que el supuesto ahorro no implica sino una devaluación del servicio público que, a la larga, incrementa el margen de negocios de la iniciativa privada y aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. Defender la sanidad pública no es un capricho ni una cuestión meramente ideológica, es tratar por igual el derecho material a la salud de toda la ciudadanía.