En 2021 la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia multó a 22 firmas de consultoría por hacerse de manera irregular con decenas de contratos de diferentes departamentos del Gobierno de Lakua. Una pregunta parlamentaria formulada entonces ha sido respondida ahora, un año más tarde, por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu.

Al desdén que manifiesta hacia el Parlamento y la opinión pública con la inexcusable tardanza se añade el tono burocrático de la respuesta. Dice que de la lectura de la resolución «no se desprende» que deban adoptar medida alguna. Tal vez no haya en ella ninguna exigencia hacia el Ejecutivo, pero desde luego la responsabilidad política de actuar es insoslayable y corresponde al Gobierno de Iñigo Urkullu, que no estápara cumplimentar trámites administrativos sino para tomar decisiones políticas. Más cuando en la sentencia del TSJPV relativa a ese caso se recoge la denuncia de una consultora que señala que era la propia administración vasca la que incentivaba conductas dolosas. Incluso el vocal de la Autoridad Vasca de la Competencia, Rafael Iturriaga, explicó en comparecencia parlamentaria las carencias de la administración ante prácticas fraudulentas. Sobran las evidencias de las que sí se desprende que una actuación política es urgente y necesaria.

Existe otro elemento que Lakua no debería soslayar. Iturriaga señaló en el Parlamento que la «pulsión natural de las empresas no es la competencia sino la colusión». Es decir, que más allá de las objetables prácticas administrativas, el peligro de que las empresas actúen al margen de la competencia organizando cárteles es inherente al sistema empresarial, forma parte de su esencia, no es algo excepcional. Y ejemplos no faltan, como el monopolio que se creó para la gestión de los comedores escolares de la CAV o la reciente multa al cártel de constructoras españolas que en Euskal Herria se adjudicó quince de los diecisiete tramos del tramo gipuzcoano de la Y vasca. Disuadir a las empresas de realizar actuaciones fraudulentas y asegurar a la ciudadanía una gestión eficiente de lo público exige tomar decisiones políticas.