EDITORIALA

Financiar la segregación tiene que terminar

Comienza el curso escolar y se vuelve a constatar que en Euskal Herria hay colegios concertados que todavía mantienen a alumnos y alumnas segregados por género. Así lo han confirmado los inspectores de Educación de Nafarroa en las aulas de bachillerato de los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga, ambos vinculados al Opus. Interpelado por la oposición, el consejero de Educación, Carlos Gimeno, se limitó a señalar que ya se ha iniciado el procedimiento administrativo. Conviene recordar que en febrero de este año, el consejero optó por la «creatividad administrativa» y aceptó que el cambio al modelo mixto en Primaria fuera paulatino, curso a curso, como querían los colegios que segregan. Por otra parte, los seis colegios de la CAV que separan a alumnas y alumnos siguen manteniendo los convenios a pesar de que la normativa vigente lo prohíbe expresamente. En este caso, ni siquiera consta que hayan recibido la visita de los inspectores del Departamento de Educación.

Es inadmisible que una administración pública financie a unos centros escolares que han optado por un modelo excluyente que solo sirve para fomentar la desigualdad y la segregación. La escuela es la puerta de entrada de niños y niñas a la sociedad y la segregación no hace sino reforzar el clasismo, el machismo y la subordinación, aspectos muy alejados de los valores que debería promover la educación. Pero todavía resulta más indefendible que ambos Gobiernos lo permitan infringiendo la ley, que es muy clara en este apartado. Especialmente criticable es que ese infracción de la norma sea obra de PNV, PSN y PSE, defensores acérrimos del Estado de derecho, y que, además, lo hagan para defender los intereses espurios de los poderosos, mientras son incapaces de aplicar el pase foral a situaciones manifiestamente injustas que afectan a personas especialmente vulnerables.

La financiación pública de proyectos educativos elitistas y discriminatorios es contraria al bien público y al interés general. Es responsabilidad del Ejecutivo de Lakua y del Gobierno de Nafarroa terminar con esta práctica ilegal. Solo necesitan voluntad política para enfrentarse a los poderosos.