En esta primera jornada del juicio, está previsto que el tribunal escuche la declaración de los acusados. La Fiscalía pide para ellos penas que suman más de doscientos años de cárcel tras endurecer su solicitud inicial en la que reclamaba más de cien años de prisión para todos ellos por los delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores y delitos contra la salud pública.

La vista continuará el miércoles con el inicio de la declaración de las víctimas de abusos, mayores de edad en la actualidad, que testificarán a puerta cerrada, tal y como se acordó en el auto de admisión de pruebas.

El jueves seguirá con la testifical de las víctimas y el viernes será el turno de los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en este caso. Finalmente, se ha previsto que el lunes 3 de octubre tengan lugar las periciales y los informes finales de las partes.

Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando a varios hombres por pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación tras recibir una denuncia del director del centro de Sansoheta de Gasteiz, que entonces acogía a jóvenes con problemas de comportamiento cuya tutela había sido retirada a sus progenitores y ahora se va a adecuar para personas con discapacidad intelectual.

En el proceso judicial también está personada como acusación particular la Diputación de Araba que se ha adherido a la petición del Ministerio Fiscal, mientras que la Asociación Clara Campoamor ejercerá el papel de acusación popular que reclama penas que oscilan entre 3 y 29 años de cárcel.

Son cinco los menores que han relatado haber sido objeto de abusos. Sus edades hace seis años, cuando sucedieron los hechos, oscilaban entre los 14 y los 17.