Escocia juega la carta del referéndum consultivo

«No hay nada que reserve a Londres el derecho a convocar un referéndum de este tipo». La Corte Suprema británica comenzó ayer a escuchar los argumentos de los Gobiernos de Edimburgo y de Londres sobre el derecho de Escocia a organizar una consulta de independencia. La fiscal general escocesa basó su alegato en que sería un referéndum consultivo que no afectaría directamente a la unión.

La fiscal general de Escocia presentó ayer ante la Corte Suprema británica la batalla legal del Gobierno escocés para organizar un segundo referéndum. La resolución se hará esperar. De hecho, antes de empezar, lord Robert Reed, presidente y único escocés del tribunal, subrayó que la audiencia es «la punta del iceberg», con 8.000 páginas por revisar, de modo que pasarán «algunos meses» antes de que haya una sentencia.

Dorothy Bain, fiscal principal de Escocia, recordó que la posición del Ejecutivo escocés es la de la necesidad de «un referéndum legal» y la de que es «de interés público», en base a los resultados de las distintas elecciones de los últimos años. «El actual Gobierno escocés fue elegido con un mandato específico para convocar un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia. Así que no es una pregunta artificial», señaló.

Bain recordó que desde la votación de 2014 «ha habido un cambio fundamental», que ha sido la salida de Reino Unido de la Unión Europea, y trajo a colación las diferentes consultas que se han realizado en las islas en los últimos 45 años.

Es que este podría ser el quid de la cuestión, ya que el independentismo escocés defiende que el referéndum sería consultivo y no afectaría directamente a la unión, ya que, en caso de un resultado a favor de la independencia, serían las conversaciones posteriores las que afectarían a la unión y no la consulta en sí. «Tiene consecuencias políticas, pero sería totalmente consultiva», dijo.

«Más allá del efecto inmediato de establecer la voluntad del pueblo de Escocia, las consecuencias especulativas no establecen un nexo relevante. Los tribunales no están equipados para especular sobre lo que sucederá después de que se introduzcan las leyes o predecir los efectos a largo plazo de la disposición», insistió.

Bain, igualmente, manifestó que el Gobierno escocés «debe tener el poder de consultar con el pueblo de Escocia sobre asuntos reservados» y, para ello, explicó que la Ley de Escocia de 1998, en su artículo 63, permite específicamente que se discuta un proceso de cambios en asuntos reservados entre los Ejecutivos de Escocia y Gran Bretaña.

Por la tarde llegó el turno del abogado general de Reino Unido, que tenía previsto finalizar hoy su alegato. James Eadie comenzó cuestionando que la ley haya llegado al Supremo cuando todavía no se ha aprobado en el Parlamento de Holyrood.

en edimburgo

Las calles de Edimburgo parecían ajenas a lo que sucedía en Londres, donde a las puertas de la Corte un pequeño grupo de miembros de Radical Independence Canpaign llegados desde Dundee protestaron detrás de una pancarta en la que se podía leer “Dejad a la gente decidir”.

En las calles de la capital escocesa, sin embargo, el de ayer fue un martes más. La Royal Mile estaba repleta de turistas, como los otros 364 días del año, que, al ser preguntados por GARA, no mostraron interés en la cita. Tan solo un visitante alemán respondió: «¡Oh, cierto, es hoy!».

A 500 metros, en la Universidad de Edimburgo, las respuestas eran otras. Natalie Nolan, profesora de Economía, reconocía que «no es un tema del que se hable cada día», pero admitía que «durante las últimas jornadas» ha despertado interés. Pese a ello, consideró que «más que el debate de hoy -por ayer-, lo que sí puede tener impacto en la sociedad escocesa es la resolución, sobre todo si es negativa».

Paul Morgan, estudiante de Derecho, sin embargo, se mostró bastante escéptico. «Desde un punto de vista legal, era el paso que le quedaba a (Nicola) Sturgeon (acudir a la Corte Suprema), pero para el tribunal parece fácil dictaminar que un referéndum, aunque no sea directamente vinculante, afecta a la unión».