La muerte de 24 personas y la desaparición de otras 77 en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio tomó otro cariz después de que la BBC emitiera un reportaje que ponía en cuestión la versión del Ministerio del Interior español. El lunes una delegación del Congreso visitó la ciudad y constató que, efectivamente, varias personas murieron en la zona controlada por las autoridades españolas. Ahora, además, la Fiscalía ha pedido todas las imágenes de lo ocurrido aquel día al comprobar que existen saltos temporales en las que envió anteriormente, algo que Interior niega. Negros nubarrones se ciernen sobre la versión oficial preparada y defendida por el ministro Fernando Grande Marlaska.

La experiencia acumulada durante largos años de represión hace que la sociedad vasca sea tremendamente escéptica ante las versiones oficiales que el Estado divulga para esconder o minimizar su violencia. Esta vez, sin embargo, el cuestionamiento ha llegado desde la prensa europea, dejando en evidencia a Grande Marlaska también en el ámbito internacional. Un ámbito en el que ya ostenta el dudoso honor de ser el juez que más condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos acumula por no investigar las torturas que las personas detenidas bajo sus órdenes denunciaron. Euskal Herria conoce ampliamente su currículum, en el que destaca precisamente por hacer que la razón de Estado prevalezca sistemáticamente sobre la defensa de los derechos humanos. Una premisa que sigue observando allá dónde va, como ha revelado la actuación de Melilla. En definitiva, una trayectoria que le inhabilita para ejercer de ministro del Interior.

Sorprende que el Partido Popular pida ahora la dimisión de Grande Marlaska, cuando es responsable de actuaciones tan vergonzosas y abyectas como la de la playa de Tarajal, que costó la vida a 15 personas en 2014. Como señalaba Helena Maleno anteayer en estas páginas, el PP continuó las políticas diseñadas por el PSOE, pero con más violencia. Su actitud hipócrita solo busca sacar réditos electorales de la muerte de los migrantes en unas fronteras que, entre unos y otros, han convertido en un territorio de violencia sin ley ni derechos.